COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA


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1 BOE núm. 158 Martes 4 julio º Una vez transcurridos los cinco años desde la suspensión dictada conforme al apartado 1.º de esta disposición transitoria, los Ayuntamientos podrán elaborar un catálogo especial, en el que se regulará el régimen urbanístico de fuera de ordenación que en cada caso corresponda para dichas viviendas. Una vez aprobado dicho instrumento, los interesados instarán su legalización mediante la presentación del correspondiente proyecto técnico en el plazo máximo de un año desde su entrada en vigor, siéndole de aplicación la obligación del abono de las correspondientes tasas por la expedición de la licencia urbanística, impuesto de construcciones, instalaciones y obras. De no instarse la legalización, se procederá por la Administración competente al levantamiento de la suspensión de la orden de demolición y se procederá a la misma en un plazo no superior a seis meses. 5.º Transcurrido el plazo de diez años desde la suspensión de la orden de demolición, sin que la Administración haya ofertado una vivienda de protección oficial a los moradores de las viviendas respecto a las cuales se mantenga suspendida la ejecutoriedad de la orden de demolición, dichas viviendas quedarán en la situación legal de fuera de ordenación. 6.º Igualmente, podrá procederse a la suspensión de la orden de demolición, aun cuando no cumpliera los requisitos establecidos en la presente disposición, hasta la aprobación definitiva del planeamiento general de ordenación del municipio adaptado a la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo en Canarias, cuando el instrumento de planeamiento prevea en su documento aprobado inicialmente la inclusión de la edificación en suelo urbano o en rústico con la categoría de asentamiento rural o agrícola. Asimismo, el instrumento de planeamiento podrá ser sustituido por un avance del mismo acompañado de un certificado municipal fundamentado de la idoneidad del suelo para esa categoría. Si aprobado dicho documento no se incluyera la edificación en suelo urbano o asentamiento se procederá a levantar la orden de suspensión y se procederá a su demolición.» Disposición adicional única. Los procesos de regulación a que se refieren los artículos 1 y 2 de esta ley, en todo caso, exigirán por parte del interesado la obtención del informe técnico municipal y el pago del canon previsto en el artículo 62.3 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. Disposición final única. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Canarias». Por lo tanto mando a los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan y la hagan cumplir. Santa Cruz de Tenerife, 22 de mayo de ADÁN MARTÍN MENIS, Presidente (Publicada en el «Boletín Oficial de Canarias» número 103, de 29 de mayo de 2006) COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA LEY FORAL 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral de Contratos Públicos. SUMARIO Exposición de motivos. Título preliminar. Capítulo I. Ámbito de aplicación. Artículo 1. Objeto de la Ley Foral. Artículo 2. Personas y entidades sometidas a la Ley Foral. Artículo 3. Contratos sometidos a la presente Ley Foral. Artículo 4. Definición de los contratos sometidos a la presente Ley Foral. Artículo 5. Contratos mixtos. Artículo 6. Contratos y negocios jurídicos excluidos de la presente Ley Foral. Artículo 7. Contratos secretos o con especiales medidas de seguridad. Artículo 8. Encomiendas a entes instrumentales. Artículo 9. Reserva de contratos a entidades de carácter social. Capítulo II. De los contratistas. Sección primera. De la capacidad y solvencia. Artículo 10. Los contratistas. Artículo 11. Capacidad de obrar de los contratistas. Artículo 12. Empresas no pertenecientes a la Unión Europea y principio de reciprocidad. Artículo 13. Solvencia económica y financiera del licitador. Artículo 14. Solvencia técnica o profesional del licitador. Artículo 15. Valoración de la solvencia económica y técnica del licitador por referencia a otras empresas. Artículo 16. Empresas vinculadas. Artículo 17. Certificados de garantía de calidad. Sección segunda. De las causas de exclusión de los licitadores. Artículo 18. Prohibiciones de contratar. Artículo 19. Procedimiento para su declaración y efectos. Artículo 20. De las incompatibilidades y sus efectos. Capítulo III. Normas generales de aplicación. Artículo 21. Principios rectores de la contratación. Artículo 22. Objeto del contrato. Artículo 23. Confidencialidad y sigilo. Artículo 24. Método para calcular el valor estimado de los contratos, de los acuerdos marco y de los sistemas dinámicos de adquisición. Artículo 25. Determinación de los plazos de presentación de las solicitudes de participación y de las ofertas. Artículo 26. Cómputo de plazos y presentación de proposiciones. Artículo 27. Información sobre el contrato. Artículo 28. Portal de Contratación de Navarra.

2 25028 Martes 4 julio 2006 BOE núm. 158 Libro primero. De los contratos de las Administraciones Públicas. Título I. Disposiciones generales. Capítulo I. Disposiciones comunes a los contratos de las Administraciones Públicas. Artículo 29. Ámbito de aplicación. Artículo 30. Libertad de pactos. Artículo 31. Clasificación de los contratos. Artículo 32. Régimen jurídico de los contratos administrativos. Artículo 33. Régimen jurídico de los contratos privados. Artículo 34. Requisitos de los contratos. Artículo 35. Precio de los contratos. Capítulo II. Órganos de contratación. Artículo 36. Competencia para la celebración de contratos. Artículo 37. Autorización para contratar. Artículo 38. Reordenación de competencias. Artículo 39. Centrales de compras. Título II. Actuaciones previas a la adjudicación. Capítulo I. Actuaciones administrativas preparatorias del contrato. Artículo 40. Expediente de contratación. Artículo 41. Clases de expedientes. Artículo 42. Expediente de tramitación urgente. Artículo 43. Expediente de tramitación anticipada. Artículo 44. Expediente de emergencia. Capítulo II. Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares. Artículo 45. Pliegos de cláusulas administrativas particulares. Artículo 46. Pliegos de prescripciones técnicas particulares. Artículo 47. Prohibición de barreras técnicas a la libre competencia. Artículo 48. Comunicación de prescripciones técnicas. Artículo 49. Requerimientos de carácter social o medioambiental en la ejecución de los contratos. Título III. Adjudicación. Capítulo I. Disposiciones generales. Sección primera. Procedimientos y criterios de adjudicación. Artículo 50. Procedimientos. Artículo 51. Criterios de adjudicación del contrato. Sección segunda. Solicitudes de participación y ofertas. Artículo 52. Presentación de las proposiciones. Artículo 53. Constitución de garantías para la licitación. Artículo 54. Documentación para la presentación de proposiciones. Artículo 55. Ofertas simultáneas. Artículo 56. Admisibilidad de variantes. Artículo 57. Plazo de vigencia de las ofertas. Artículo 58. Orden de valoración de la oferta en los procedimientos cuyo criterio de adjudicación sea el de la oferta más ventajosa. Sección tercera. Mesa de Contratación. Artículo 59. Intervención de la Mesa de Contratación. Artículo 60. Composición de la Mesa de Contratación. Artículo 61. Funciones de la Mesa de Contratación. Artículo 62. Valoración de las proposiciones y propuesta de adjudicación cuando no se constituya una Mesa de Contratación. Artículo 63. Propuestas de adjudicación. Capítulo II. Procedimientos de adjudicación. Sección primera. Procedimiento abierto. Artículo 64. Procedimiento abierto. Artículo 65. Desarrollo del procedimiento abierto inferior al umbral comunitario. Artículo 66. Desarrollo del procedimiento abierto superior al umbral comunitario. Sección segunda. Procedimiento restringido. Artículo 67. Procedimiento restringido. Artículo 68. Desarrollo del procedimiento restringido inferior al umbral comunitario. Artículo 69. Desarrollo del procedimiento restringido superior al umbral comunitario. Sección tercera. Procedimiento negociado. Artículo 70. Procedimiento negociado. Artículo 71. Supuestos de procedimiento negociado con publicidad comunitaria. Artículo 72. Desarrollo del procedimiento negociado con publicidad comunitaria. Artículo 73. Supuestos de procedimiento negociado sin publicidad comunitaria. Artículo 74. Desarrollo del procedimiento negociado sin publicidad comunitaria. Sección cuarta. Diálogo competitivo. Artículo 75. Diálogo competitivo. Artículo 76. Desarrollo del diálogo competitivo. Capítulo III. Sistemas para la mejora de la gestión de la contratación. Artículo 77. Acuerdos marco. Artículo 78. Adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco. Artículo 79. Sistema dinámico de compra. Artículo 80. Aplicación del sistema dinámico de compra. Artículo 81. Puja electrónica. Artículo 82. Aplicación de la puja electrónica. Capítulo IV. Normas de publicidad y plazos. Sección primera. Contratos superiores al umbral comunitario. Artículo 83. Publicidad comunitaria obligatoria. Artículo 84. Anuncios de información previa. Artículo 85. Plazos de concurrencia cuando se remita el anuncio a través de medios convencionales. Artículo 86. Plazos de concurrencia cuando se remita el anuncio a través de medios electrónicos. Artículo 87. Plazos en tramitación de urgencia. Artículo 88. Publicidad comunitaria potestativa. Sección segunda. Contratos inferiores al umbral comunitario. Artículo 89. Normas de publicidad en los contratos inferiores al umbral comunitario. Artículo 90. Plazos de concurrencia en los contratos inferiores al umbral comunitario. Capítulo V. Adjudicación, perfección y formalización. Artículo 91. Ofertas anormalmente bajas. Artículo 92. Adjudicación del contrato. Artículo 93. Perfección de los contratos. Artículo 94. Formalización de los contratos.

3 BOE núm. 158 Martes 4 julio Artículo 95. Constitución de garantías para el cumplimiento de obligaciones. Artículo 96. Adjudicación en supuestos de resolución. Artículo 97. Publicidad de las adjudicaciones. Título IV. Ejecución de los contratos. Capítulo I. Disposiciones generales. Artículo 98. Riesgo y ventura. Artículo 99. Supervisión e inspección de la ejecución del contrato. Artículo 100. Interpretación de los contratos administrativos. Artículo 101. Daños y perjuicios causados en la ejecución del contrato. Artículo 102. Penalidades por incumplimiento. Artículo 103. Cumplimiento de los plazos. Artículo 104. Reajuste del gasto plurianual. Capítulo II. Modificación, suspensión y cesión del contrato. Sección primera. Modificación del contrato. Artículo 105. Modificación del contrato administrativo. Artículo 106. Modificación del contrato con inclusión de nuevas unidades. Artículo 107. Tramitación del expediente de modificación. Artículo 108. Variaciones de unidades que no precisan expediente de modificación. Artículo 109. Suspensión de los contratos administrativos. Sección segunda. Subcontratación y cesión del contrato. Artículo 110. Subcontratación. Artículo 111. Cesión del contrato a terceros. Título V. De la retribución y de la revisión de precios. Capítulo I. De la retribución. Artículo 112. Pago del precio de los contratos. Artículo 113. Anticipos a cuenta por operaciones preparatorias. Artículo 114. Plazo para el pago e intereses de demora. Artículo 115. Transmisión de los derechos de cobro. Capítulo II. De la revisión de precios. Artículo 116. Revisión de precios de los contratos administrativos. Artículo 117. Fórmulas de revisión. Artículo 118. Procedimiento de revisión. Artículo 119. Revisión en casos de demora en la ejecución. Artículo 120. Pago del importe de la revisión. Título VI. Extinción e invalidez de los contratos. Capítulo I. Extinción de los contratos. Artículo 121. Extinción de los contratos. Artículo 122. Cumplimiento de los contratos y recepción. Artículo 123. Plazo de garantía de los contratos administrativos. Artículo 124. Causas de resolución de los contratos administrativos. Artículo 125. Efectos de la resolución del contrato. Capítulo II. Invalidez de los contratos. Artículo 126. Causas de invalidez. Artículo 127. Declaración de invalidez. Título VII. De los distintos contratos administrativos. Capítulo I. Del contrato de obras. Sección primera. Disposiciones generales. Artículo 128. Proyecto de obras. Artículo 129. Clasificación de las obras a efectos de la elaboración de proyectos. Artículo 130. Contenido de los proyectos de obras. Artículo 131. Obras a tanto alzado. Artículo 132. Replanteo de la obra y disponibilidad de los terrenos. Artículo 133. Contratación conjunta de proyecto y obra. Sección segunda. Ejecución de los contratos de obras. Artículo 134. Comprobación del replanteo. Artículo 135. Expedición de certificaciones. Sección tercera. Extinción del contrato de obras. Artículo 136. Recepción de las obras. Artículo 137. Liquidación en el contrato de obras. Artículo 138. Responsabilidad por vicios. Artículo 139. Causas específicas de resolución del contrato de obras. Capítulo II. Del contrato de concesión de obras públicas. Sección primera. Disposiciones generales. Artículo 140. Contrato de concesión de obras públicas. Artículo 141. Contenido del contrato de concesión de obras públicas. Artículo 142. Plazo de la concesión. Artículo 143. Zonas complementarias de explotación comercial. Artículo 144. Financiación de las obras públicas construidas mediante contrato de concesión. Artículo 145. Retribución del concesionario. Artículo 146. La concesión de obras públicas y la construcción de obras públicas diferenciadas. Sección segunda. Actuaciones previas a la construcción de las obras objeto de concesión. Artículo 147. Estudio de viabilidad. Artículo 148. Proyecto de obra y replanteo de éste. Artículo 149. Contenido del pliego de cláusulas administrativas particulares de la concesión de obras públicas. Artículo 150. Contenido de las ofertas. Sección tercera. Ejecución de las obras. Artículo 151. Ejecución de las obras. Artículo 152. Terminación de las obras. Sección cuarta. Derechos y obligaciones del concesionario. Artículo 153. Derechos del concesionario. Artículo 154. Obligaciones del concesionario. Artículo 155. Uso y conservación de la obra pública. Artículo 156. Retribución por la utilización de la obra. Artículo 157. Mantenimiento del equilibrio económico del contrato. Artículo 158. Penalidades por incumplimientos del concesionario.

4 25030 Martes 4 julio 2006 BOE núm. 158 Sección quinta. Derechos y obligaciones de la Administración. Artículo 159. Aportaciones públicas a la construcción de la obra. Artículo 160. Aportaciones públicas a la explotación. Artículo 161. Prerrogativas y derechos de la Administración. Artículo 162. Modificación de la obra pública. Artículo 163. Intervención en la concesión. Sección sexta. Extinción de la concesión. Artículo 164. Efectos de la extinción de la concesión. Artículo 165. Causas de resolución de la concesión. Artículo 166. Efectos de la resolución. Capítulo III. Del contrato de concesión de servicios. Artículo 167. Contrato de concesión de servicios. Capítulo IV. Del contrato de suministro. Artículo 168. Contratos para la fabricación de productos. Artículo 169. Arrendamiento y prórroga. Artículo 170. Plazo. Artículo 171. Contratos de suministro de equipos o sistemas para el tratamiento de la información. Artículo 172. Entrega y recepción. Artículo 173. Pago del precio y pago en especie. Artículo 174. Vicios o defectos durante el plazo de garantía. Artículo 175. Resolución del contrato. Capítulo V. Del contrato de asistencia. Sección primera. Disposiciones generales. Artículo 176. Delimitación. Artículo 177. Plazo de vigencia. Artículo 178. Indemnizaciones por desviaciones en la ejecución de obras por errores del proyecto. Artículo 179. Responsabilidad por defectos o errores del proyecto. Artículo 180. Cumplimiento de los contratos y recepción. Artículo 181. Resolución del contrato. Sección segunda. Adjudicación conjunta de contratos de asistencia para la redacción de proyecto de obras y dirección facultativa de las mismas. Artículo 182. Adjudicación conjunta de contratos de asistencia para la redacción de proyecto de obras y dirección facultativa de las mismas. Sección tercera. Concurso de proyectos. Artículo 183. Concurso de proyectos. Libro segundo. De los contratos públicos de otros sujetos y entidades. Título único. Artículo 184. Ámbito de aplicación Artículo 185. Condiciones reguladoras. Artículo 186. Prescripciones técnicas. Artículo 187. Requerimientos sociales o medioambientales en la ejecución de los contratos. Artículo 188. Procedimientos de adjudicación. Artículo 189. Procedimiento abierto. Artículo 190. Procedimiento restringido. Artículo 191. Procedimiento negociado. Artículo 192. Procedimiento negociado con publicidad comunitaria. Artículo 193. Procedimiento negociado sin publicidad comunitaria. Artículo 194. Diálogo competitivo. Artículo 195. Subsanación de la documentación y aclaración de ofertas. Artículo 196. Plazo de vigencia de las ofertas. Artículo 197. Sistemas de mejora de la contratación. Artículo 198. Criterios de adjudicación del contrato. Artículo 199. Ofertas anormalmente bajas. Artículo 200. Información a los candidatos y licitadores sobre la adjudicación. Artículo 201. Informe sobre el desarrollo del procedimiento de licitación. Artículo 202. Formalización de los contratos. Artículo 203. Publicidad de las adjudicaciones. Artículo 204. Adjudicación en supuestos de resolución. Artículo 205. Cesión del contrato a terceros. Artículo 206. Invalidez de los contratos. Libro tercero. De las reclamaciones y otras medidas de control. Título I. De la Cámara de Comptos y de la Junta de Contratación Pública. Artículo 207. Fiscalización por la Cámara de Comptos. Artículo 208. Junta de Contratación Pública. Artículo 209. Registro de Contratos. Título II. De las reclamaciones en materia de contratación pública. Artículo 210. Reclamación en materia de contratación pública. Artículo 211. Medidas cautelares. Artículo 212. Tramitación de la reclamación. Artículo 213. Resolución de la reclamación. Disposiciones adicionales: Primera. Normas de desarrollo. Segunda. Definiciones. Tercera. Pliegos de cláusulas administrativas generales. Cuarta. Requisitos relativos a los dispositivos de recepción electrónica de las ofertas, de las solicitudes de participación, de los planos y proyectos en los concursos y de las reclamaciones en materia de contratación pública. Quinta. Normas de gestión medioambiental. Sexta. Medidas de control en los contratos de obras y asistencia subvencionados por las Administraciones Públicas de Navarra. Séptima. Negocios jurídicos sobre bienes inmuebles de dominio público. Octava. Adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales. Novena. Contratación de las entidades locales de Navarra. Décima. Adscripción funcional a la Junta de Contratación Pública. Undécima. Modificación de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra. Duodécima. Modificación de la Ley Foral 17/1998, de 19 de noviembre, de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra. Decimotercera. Aplicación del régimen de reclamaciones en materia de contratación pública al Parlamento de Navarra y a la Universidad Pública de Navarra. Disposiciones transitorias: Primera. Aplicación de la Ley Foral. Segunda. Normas transitorias de publicidad. Tercera. Interposición de reclamaciones en materia de contratación pública.

5 BOE núm. 158 Martes 4 julio Disposición derogatoria: Única. Disposiciones que se derogan. Disposición final: Única. Entrada en vigor de la Ley Foral. Anexo I. Prestaciones del contrato de obras. Anexo II. Prestaciones del contrato de asistencia. Anexo III. Especificaciones técnicas. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I Antecedentes legislativos, competencia y justificación de la Ley Foral Tras la Norma General de Contratación de 1981, la legislación contractual de Navarra, dictada ya en virtud de sus competencias como Comunidad Foral tras la Constitución española de 1978, tiene su primer hito en la Ley Foral de Contratos 13/1986, de 14 de noviembre, aprobada para acomodar la legislación foral al nuevo marco estatal contenido en el Real Decreto Legislativo 931/1986, de 2 de mayo, texto este que sirvió para adaptar la normativa española de contratos a las Directivas de la Comunidad Económica Europea. Con posterioridad, la legislación estatal se vio obligada a incorporar los compromisos derivados del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que entró en vigor el 1 de enero de 1994, y el Acuerdo sobre Contratación Pública, firmado en Marrakech el 15 de abril de Todo ello desembocó en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, primera ley básica sobre la materia dictada tras la Constitución. En Navarra, la Ley Foral de 1986 tuvo su complemento en algunas normas que desarrollaron materias ya muy concretas y específicas: así, la creación de la Junta de Contratación Administrativa (Decreto Foral 132/1988, de 4 de mayo); el otorgamiento de avales en los contratos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra (Decreto Foral 205/1988, de 21 de julio); los contratos de asistencia técnica (Decreto Foral 161/1991, de 25 de abril), el Registro de Contratos (Decreto Foral 162/1991, de 25 de abril); la adjudicación de contratos públicos (Acuerdo de 16 de mayo de 1994), así como la tramitación de expedien tes menores y normas específicas para determinados contratos de suministros a través de sucesivas Leyes Forales de Presupuestos. Al final, una nueva norma tuvo que sustituir a las anteriores, la Ley Foral 10/1998 de 16 de junio. Navarra, como Comunidad Foral, goza de una situación singular en la medida en que el artículo 49.1.d) de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral, reconoce su competencia exclusiva sobre contratos y concesiones administrativas sin más límite que el respeto a los principios esenciales de la legislación básica del Estado. Esta previsión de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento es de gran importancia pues otorga una especial libertad al Parlamento de Navarra ya que, a salvo tales principios esenciales y a salvo asimismo las reglas contenidas en las Directivas europeas, la regulación que acuerde puede legítimamente aspirar a la originalidad si realmente acierta a enfrentar de una manera directa la solución de los problemas específicos de las Administraciones públicas que actúan en esta Comunidad Foral. En este marco competencial le corresponde a la Comunidad Foral la regulación de los contratos públicos, sin que exista el obstáculo de que se trate de una transposición de normativa comunitaria europea, puesto que el Tribunal Constitucional desde su Sentencia 141/1993, de 22 de abril, ha establecido como doctrina que la ejecución del Derecho comunitario europeo corresponde a quien materialmente ostente la competencia según las reglas de derecho interno. Para determinar el límite de la competencia de la Comunidad Foral es esencial concretar cuáles son esos principios esenciales de la legislación básica del Estado en materia de contratos, teniendo en cuenta que España se encuentra incorporada a la Unión Europea. Por tanto, el ordenamiento jurídico español y, por ende, el navarro deben asumir el derecho originario y derivado de la Unión Europea, a través del mecanismo del artículo 96 de la Constitución, lo que implica que en esta materia los principios esenciales de la contratación no pueden diferir de los principios esenciales del Derecho comunitario europeo. Dicho de otro modo, la potestad legislativa de la Comunidad Foral de Navarra se halla tan solo limitada por la observancia de aquellos principios que, extraídos del Tratado Constitutivo de la Unión Europea por el Tribunal de Justicia, hoy definen el sistema de la contratación pública en Europa y que son, de un lado, los de igualdad de trato, transparencia de los procedimientos, proporcionalidad y mutuo reconocimiento y, de otro, los que se encierran en el inevitable ejercicio por parte de las Administraciones públicas de sus facultades de dirección, inspección, interpretación, modificación y control. Por otra parte, como consecuencia de las obligaciones derivadas de la incorporación a la Unión Europea, y de los compromisos derivados del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que entró en vigor el 1 de enero de 1994, y del Acuerdo sobre Contratación Pública, hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994, la competencia de la Comunidad Foral viene limitada por las disposiciones establecidas en los Reglamentos y Directivas comunitarias en materia de contratación pública, competencia que, como es obvio, debe ejercerse dentro lo dispuesto por los preceptos de la Constitución. La presente Ley Foral establece una regulación plenamente respetuosa con esos límites. II Objetivos de la Ley Foral Aceptadas estas premisas, pueden señalarse como objetivos principales de la regulación contenida en la presente Ley Foral los siguientes: a) La adaptación general de la legislación de contratos a la normativa comunitaria europea. b) La adaptación de la contratación a las peculiaridades de unas Administraciones de dimensión más reducida que la propia y específica de la Administración estatal. c) La ampliación de los controles sustantivos y la reducción de los puramente formales a aquellos que sean exigencias ineludibles de los principios esenciales antes señalados. d) El aumento de la eficacia a través de la agilización de los procedimientos, siempre que lo permita la observancia de los citados principios esenciales. e) La implantación de las nuevas tecnologías. f) La colaboración de la actividad contractual en la ejecución de políticas de carácter social y medioambiental. g) Reunir en un solo texto la normativa reguladora de la contratación de obras, suministros y asistencias de las Administraciones Públicas y de sus entidades instrumentales. La aprobación de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos de obras, de suministro y de servicios, cuyos objetivos son que la adjudicación de los contratos públicos se base en los principios del Tratado, abrir a la compe-

6 25032 Martes 4 julio 2006 BOE núm. 158 tencia la contratación pública y que la adjudicación de contratos públicos no cause distorsiones en la competencia, exige una adaptación de la legislación foral de contratos al derecho comunitario europeo. Esta adaptación excede de la mera transposición de la Directiva, ya que desde la transposición efectuada por la Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra diversos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Sentencias de 15 de mayo de 2003 (C-214/00 Comisión-España); de 16 de octubre de 2003 (C-283/00 Comisión-España) y de 13 de enero de 2005 (C-84/03 Comisión-España) obligan a una adaptación general de la legislación de contratos a la normativa y jurisprudencia comunitaria europea. Por ello, además de la Directiva 2004/18/CE citada, debe procederse a transponer la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras y de la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Dentro de esa adaptación general, cobran especial relevancia los principios derivados del Tratado de la Unión, que deben ser los criterios inspiradores para la interpretación de las normas de esta Ley Foral y una referencia para la aplicación de ésta por los gestores públicos. Dichos principios, como se ha dicho, son la igualdad de trato, la transparencia de los procedimientos, la proporcionalidad y el mutuo reconocimiento. La igualdad de trato debe ser entendida como la obligación de no tratar de forma diferente situaciones similares, salvo que exista una justificación suficiente para esa diferencia de trato. Una concreción de ese principio es la prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad. La transparencia de los procedimientos implica el deber de los gestores públicos de dar la información necesaria a los posibles interesados, de tal forma que puedan adoptar la decisión de participar o no en un procedimiento. Este principio se instrumenta a través de diversos medios, incluida la publicidad que sea necesaria, según las características del sector económico afectado. La jurisprudencia comunitaria relaciona este principio con el de igualdad de trato, ya que viene a ser una garantía del efecto útil de éste por cuanto su aplicación debe procurar la no distorsión de las condiciones de competencia. El principio de proporcionalidad exige que toda medida que se adopte sea a la vez necesaria y adecuada al fin perseguido, lo que implica que todas la decisiones que se adopten, sobre todo en cuanto a rendimientos y prescripciones técnicas, sean las necesarias y adecuadas al objetivo fijado. El mutuo reconocimiento se entiende como la obligación de todo Estado miembro de la Unión Europea de aceptar los productos y servicios prestados por empresas de otros países miembros, siempre y cuando aquéllos respondan de manera equivalente a los legítimos objetivos perseguidos por el Estado miembro destinatario de los bienes y servicios. En materia de contratos públicos esto supone la obligación de aceptar las prescripciones técnicas y los controles, así como los títulos, certificados y cualificaciones exigidos por otro Estado miembro, siempre y cuando estén reconocidos como equivalentes a los reconocidos como equivalentes en el Estado miembro destinatario de la prestación. A la vista de la experiencia acumulada en la gestión de la contratación, especialmente en el ámbito de las Administraciones Públicas ya que la regulación de los contratos públicos de las demás personas y entidades se restringe fundamentalmente a la adjudicación, se ha procedido a la simplificación de trámites, como la posibilidad de solicitar la documentación relativa a la capacidad y solvencia únicamente al adjudicatario o la previsión de unos pliegos simplificados en los contratos inferiores al umbral comunitario europeo. Además, siguiendo esta línea se ha buscado no imponer un único tipo de trámites sino abrir diversas alternativas procedimentales para que cada gestor público desarrolle su gestión del modo que mejor responda a sus necesidades. Especial relevancia tiene, en esta línea de simplificación de la gestión, la posibilidad de constitución de Centrales de Compra como instrumentos que permitan la especialización de los órganos de contratación de las Administraciones Públicas, de tal forma que los órganos que dispongan de menores medios puedan encargar sus contratos a otros más preparados para su gestión, lo que tiene que repercutir en una tramitación más eficiente y facilitando, mediante el incremento del volumen de compras, el traslado de los ahorros obtenidos entre todas las entidades públicas destinatarias de los servicios de una Central de Compras. El impacto de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en nuestra sociedad no podía dejar tener su reflejo en esta materia, por lo que la Ley Foral busca aprovechar la ventajas que aquéllas ofrecen, tanto a la hora de facilitar a las empresas el acceso a los contratos públicos como a la hora de racionalizar y simplificar la tramitación administrativa, lo que innegablemente repercutirá en la gestión de los fondos públicos y en un uso más eficiente de los mismos. En esta línea, la presente Ley Foral, siguiendo las directrices marcadas por la normativa comunitaria europea, apuesta claramente por la implantación de las nuevas tecnologías, en la idea de que ello redundará en una mejor gestión y una reducción de los costes a soportar por las entidades públicas y las empresas. La medida principal que se adopta es la creación una página web denominada Portal de Contratación de Navarra. Dicho Portal, además de constituirse en el instrumento de publicidad oficial de los contratos, será un medio de relación con los posibles licitadores, donde se informará de las entidades adjudicadoras, se formularán preguntas a las entidades adjudicadoras, etc. Igualmente el Portal debe servir para la presentación de reclamaciones electrónicas (cuyos breves plazos son de difícil cumplimiento sin este instrumento), el envío de requerimientos a los licitadores y la remisión de información a la Junta de Contratación Pública y a la Cámara de Comptos. La presente Ley Foral es también sensible a las preocupaciones medioambientales y sociales y, por ello, prevé la incorporación de criterios de carácter social y medioambiental en la contratación, siempre que su empleo no limite o restrinja indebidamente la competencia. Así, se posibilita la incorporación de estos criterios en la fase de valoración de la solvencia, en la determinación de las condiciones en las que se ejecutará el contrato y como criterios de desempate en la valoración de las ofertas. Esta regulación permite que la contratación sea un instrumento para la ejecución de las políticas públicas de carácter social o medioambiental que determinen los poderes públicos. En esta línea, la Ley Foral permite, como medida de carácter social, excluir de su aplicación determinados contratos con talleres protegidos o con empresas en el marco programas de empleo protegido. Esta visión instrumental de la contratación pública al servicio de los valores superiores que consagra el ordenamiento se ha trasladado al texto evitando el tratamiento de la contratación pública con una visión economicista de carácter unilateral y simplista. En definitiva, el criterio rector de esta Ley Foral es permitir a los gestores públicos la adquisición de bienes y servicios en las mejores condiciones de mercado,

7 BOE núm. 158 Martes 4 julio teniendo en cuenta, en su caso, el cumplimiento de otros fines de interés público, como los de carácter social o medioambiental, sin que el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la norma perjudique o impida este objetivo, bien por su prolijidad o bien porque su cumplimiento exija un sobreesfuerzo al gestor. Desde este punto de vista se ha entendido que la mejor garantía para la eliminación de comportamientos irregulares no reside tanto en la proliferación de normas o controles exhaustivos y complejos, sino en la adquisición de bienes y servicios a los mejores precios del mercado, asignando y personalizando la responsabilidad en cada momento del proceso de contratación. El ámbito de esta Ley Foral abarca las diversas Administraciones Públicas de Navarra y sus personas jurídicas instrumentales, desempeñando así, por ello, una trascendental función unificadora de toda su contratación pública. III Estructura y contenido La Ley Foral se estructura en un Título Preliminar que regula las cuestiones generales que afectan a todos los contratos públicos y en tres Libros. En el Libro Primero se regulan los contratos de las Administraciones Públicas, mientras que en el Libro Segundo se regulan los contratos de otros sujetos y entidades. La razón de esta distinción viene dada por el hecho de que la contratación de las Administraciones Públicas debe ser objeto de una completa regulación, mientras que los demás sujetos y entidades deben someterse a las normas derivadas del Tratado y de las Directivas, que fundamentalmente son normas de adjudicación, mientras que en el resto de las cuestiones deben aplicarse el Derecho Civil o Mercantil. El Libro Tercero se ocupa de la reclamación en materia de contratación pública y de otras medidas de control. El Título Preliminar comienza determinando qué personas y entidades deben aplicar lo dispuesto en esta Ley Foral, lo que supone una ampliación de los sujetos que tradicionalmente se sometían a la legislación de contratos públicos en nuestro ordenamiento como consecuencia de la aplicación de la normativa comunitaria europea, de conformidad con la interpretación de la jurisprudencia comunitaria. Por ello, deberán adjudicar sus contratos conforme a las disposiciones de esta Ley Foral no solo las Administraciones Públicas sino también entidades constituidas al amparo del Derecho Privado y con un status propio de Derecho Privado, lo que explica la necesidad de regular en un Libro aparte la adjudicación de estos contratos. El ámbito aplicación objetivo de la norma comprende los contratos regulados en la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, a los que se han incorporado las concesiones de obras públicas y de servicios, con la idea de regular en único texto todas las posibles adquisiciones de bienes y servicios por las entidades públicas, con la salvedad de los contratos relativos a la adquisición de inmuebles y demás negocios jurídicos de carácter patrimonial. La exclusión de la materia patrimonial viene impuesta, por un lado, por la existencia de una legislación patrimonial de las Administraciones Públicas y, por otra parte, por la ausencia de imperativos de armonización comunitaria europea. En la Ley Foral se definen los contratos de obras y de asistencia con referencia a las actividades recogidas en los correspondientes Anexos, que son idénticos a los de la Directiva 2004/18/CE, con el objeto de evitar posibles desajustes entre el ordenamiento interno y el comunitario europeo. Frente a la denominación de «contrato de servicios» que recoge la Directiva, se ha optado por conservar la denominación de contrato de asistencia ya que así, por un lado, se remarca la idea de que las entidades sometidas a la Ley Foral (en especial las Administraciones Públicas) no desarrollan la actividad con sus propios medios, sino que acuden al mercado para completarlos y, por otro, se evita la confusión con los supuestos de prestación de un servicio por medio de un contratista interpuesto. De esta forma, en el contrato de asistencia, ya tradicional en la legislación foral, los contratos de consultoría y asistencia y de servicios de la legislación estatal se agrupan en un único tipo contractual, eliminando la confusión que anida en las diversas modalidades en que se descomponen las previsiones de la normativa estatal, algo confusa en este punto. Además, de acuerdo con la Directiva, el contrato de asistencia no sólo abarca los servicios prestados a la Administración ámbito del contrato de asistencia en la Ley Foral 10/1998, sino que también incluye toda prestación de servicios de las contempladas en el Anexo II en las que el destinatario del servicio sea un tercero o el público en general. Por otra parte, la incorporación de la figura de la concesión de servicios conlleva la desaparición del denominado contrato de gestión de servicios públicos al repartirse su objeto entre el contrato de asistencia y la concesión de servicios. Por tanto, de acuerdo con la normativa comunitaria europea, la prestación de servicios a la colectividad a través de un empresario únicamente podrá adoptar, por un lado, la forma de contrato de asistencia cuando el empresario perciba su retribución de la entidad pública, de acuerdo con las prestaciones que realice y, por otro, la de concesión, cuando el empresario perciba su retribución de los usuarios, al menos en una parte, incluyendo formas de retribución similares al denominado «peaje en la sombra». De entre las exclusiones del ámbito objetivo de aplicación de la norma, motivadas fundamentalmente por la falta de carácter oneroso de las mismas o por la existencia de normativa específica, debe destacarse la regulación de las encomiendas a entes instrumentales definidos conforme a la jurisprudencia comunitaria europea que se excluyen de la normativa contractual debido a que son adjudicaciones que no rebasan el ámbito interno, dada la inexistencia de dos voluntades distintas entre la entidad matriz y la entidad instrumental. En cuanto a los contratistas, debe destacarse la novedad de que las Administraciones Públicas y sus entidades vinculadas o dependientes puedan ser adjudicatarias de contratos, lo que implica que los convenios interadministrativos no puedan tener como objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la Ley Foral. Además, esta regulación también tiene en cuenta la regulación estatal que se basa en títulos competenciales exclusivos del Estado sobre materias ajenas a la contratación propiamente dicha. Dentro de las normas de aplicación contenidas en el Título Preliminar deben destacarse las reglas para el cálculo del valor estimado de los contratos, que suponen la incorporación por vez primera de estos criterios a un texto legal, precepto de gran relevancia en cuanto concreción del principio de transparencia. El Libro Primero compendia las normas reguladoras de la contratación de las Administraciones Públicas de Navarra y, en este sentido, viene a recoger las tradicionales normas de la contratación administrativa adaptadas a las exigencias de la normativa comunitaria europea, si bien se ha hecho un esfuerzo de simplificación de la tramitación. Así, por ejemplo, en la regulación de las especificaciones técnicas de los contratos se ha cuidado la transposición de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, con el fin de que éstas no impidan la apertura a la competencia. En lo que hace referencia a los procedimientos de adjudicación de los contratos se han incorporado a la

8 25034 Martes 4 julio 2006 BOE núm. 158 norma los regulados en la normativa comunitaria (procedimiento abierto, procedimiento restringido, procedimiento negociado y diálogo competitivo), pudiendo los órganos de contratación celebrar, por razones de economía y eficiencia, acuerdos marco para establecer las condiciones de determinados contratos y, con el fin de mejorar la gestión de la contratación, recurrir a procesos electrónicos (sistema dinámico de compra y puja electrónica) para adjudicar los contratos. Por otro lado, se han eliminando las referencias a las formas de adjudicación que se establecían en la Ley Foral 10/1998 que, en sintonía con la normativa comunitaria europea, pasan a ser criterios de adjudicación. En la ejecución de los contratos administrativos se mantienen las tradicionales prerrogativas de la Administración, si bien se producen modulaciones en materia de modificación del contrato con el fin de preservar el principio de transparencia, por lo que las modificaciones se encuentran limitadas a un máximo del 50 por 100 del precio inicial del contrato y deben estar motivadas por razones de interés público derivadas de circunstancias imprevistas. En la regulación de los diferentes contratos administrativos se ha mantenido lo principal de la regulación de la Ley Foral 10/1998, incorporando la regulación de la concesión de obras públicas, inspirada en la regulación recogida en la normativa del Estado, y la de la concesión de servicios, contrato que se define en relación con la concesión de obras públicas dada las similitudes que se aprecian entre ambos. No obstante, cabe destacar que se ha flexibilizado en el contrato de obras la regulación de las pequeñas modificaciones que surgen durante la ejecución de las obras, de tal forma que se puedan tramitar con inmediatez sin necesidad de suspender la normal ejecución de la obra, puesto que se parte de la certeza de que los proyectos de obras ordinariamente necesitan adaptaciones y es excepcional el proyecto de obras que se ejecuta sin alteración. El Libro Segundo comprende la regulación de la adjudicación de los contratos que liciten otras personas y entidades que no tengan la consideración de Administraciones Públicas, con un contenido fundamentalmente procedimental, debido a que la regulación material de los contratos se encuentra sometida al Derecho Civil o Mercantil. Aquella regulación, como no podía ser menos, comparte idénticos principios y normas que las contenidas en el Libro Primero. El Libro Tercero incorpora, como gran novedad, la reclamación en materia de contratación pública, que viene a transponer la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, mediante la creación de un recurso administrativo de carácter potestativo y sustitutivo, con plazos muy breves de resolución, con el fin de cumplir el objetivo de dicha Directiva de crear medios de recurso eficaces y rápidos, especialmente en la fase en la que las infracciones aun pueden corregirse. Se ha optado por la creación de un recurso administrativo ya que en esta materia la Comunidad Foral de Navarra dispone de competencias. Además, a la luz de lo dispuesto en el artículo 60.1 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y en el artículo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el órgano que lo resolviese debía no estar sometido a instrucciones jerárquicas y ser de carácter colegiado. En este sentido, era clara la opción a favor de la Junta de Contratación Pública por cuanto a la ausencia de una dependencia jerárquica se le une el hecho de ser un órgano altamente especializado en la materia. La reclamación en materia de contratación pública se prevé de aplicación a todas las licitaciones de las personas y entidades sometidas a la Ley Foral, si bien en razón de que la regulación de las Entidades Locales de Navarra se encuentra sometida a la exigencia de una Ley Foral de mayoría absoluta, se pospone la entrada en vigor de la reclamación al momento en que se modifique la Ley Foral reguladora de la Administración Local y en los términos que ésta establezca, sin perjuicio de que las Entidades Locales puedan invocar tal remedio procesal, al menos transitoriamente, para garantía de sus licitadores y contratistas. Respecto del sometimiento del Parlamento de Navarra y de la Universidad Pública de Navarra a tal remedio y en aras del respeto a sus respectivos ámbitos de autonomía, la Ley Foral habilita, a su vez, la solución a que ambos deban llegar. La interposición de la reclamación que, como exige la Directiva 89/665/CEE, puede afectar a actos de trámite aunque deben estar dotados de algún contenido relevante sin necesidad de que sean actos de trámite cualificados según los parámetros de la Ley Foral 15/2004 y de la Ley 30/1992 y definitivos, debe producir el efecto de que se puedan corregir las infracciones cuando ello es posible. A estos efectos, se ha tomado como medida que todos los contratos deban ser formalizados en el plazo de quince días naturales, periodo que debe evitar la formalización de contratos litigiosos. Con ese mismo objeto, se dota a la Junta de Contratación Pública de la capacidad de adoptar las medidas cautelares necesarias. La reclamación, cuya regulación permite cumplir con los mandatos de la normativa comunitaria, es un instrumento necesario para dar plena efectividad a los preceptos recogidos en la Ley Foral, así como a los principios comunitarios europeos que la inspiran, de tal forma que se alcancen mayores niveles de transparencia y se abra la contratación pública a un mayor número de empresas, con los consiguientes ahorros de costes de los sujetos implicados en la misma. Para el desarrollo y ejecución de la presente Ley Foral será preciso que el Gobierno de Navarra, conforme a lo previsto en la disposición adicional primera, dicte las disposiciones reglamentarias precisas, especialmente en lo relativo a la composición, organización y funciones de la Junta de Contratación Pública, a la reclamación en materia de contratación pública y a la utilización de medios telemáticos. Asimismo, se hace precisa una modificación de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda pública de Navarra y de la Ley Foral 17/1998, de 19 de noviembre, de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra para adecuar sus disposiciones a lo previsto en esta Ley Foral. Igualmente, la presente Ley Foral exigirá una modificación de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, a fin de adaptar sus disposiciones a la presente Ley Foral, regulando las particularidades de la actividad contractual de las Entidades Locales de Navarra. TÍTULO PRELIMINAR CAPÍTULO I Ámbito de aplicación Artículo 1. Objeto de la Ley Foral. La presente Ley Foral tiene por objeto la regulación de los contratos públicos celebrados por las personas y entidades señaladas en los artículos siguientes dentro del ámbito de competencias de la Comunidad Foral de Navarra.

9 BOE núm. 158 Martes 4 julio Artículo 2. Personas y entidades sometidas a la Ley Foral. 1. Quedan sometidas a las disposiciones de la presente Ley Foral: a) El Parlamento de Navarra, la Cámara de Comptos y el Defensor del Pueblo de Navarra. b) La Administración de la Comunidad Foral de Navarra, sus Organismos Autónomos y la Administración asesora y consultiva de las Administraciones Públicas de Navarra. c) Las Entidades Locales de Navarra y sus Organismos Autónomos con las particularidades que resulten de la legislación foral de Administración Local. d) La Universidad Pública de Navarra. e) Las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y laborales, fundaciones u otros entes, o asociaciones de cualesquiera de ellos, dotados de personalidad jurídica, pública o privada, vinculados o dependientes de las entidades mencionadas en los apartados anteriores, en los que concurran conjuntamente estos requisitos: Que en su actividad satisfagan, al menos parcialmente, fines de interés público que no tengan carácter industrial o mercantil. Que las Administraciones Públicas de Navarra financien, directa o indirectamente, más de la mitad de su actividad, o bien tengan influencia dominante sobre las mismas a través de mecanismos que controlen su gestión, o bien permitan designar a más de la mitad de los miembros de sus órganos de administración, de dirección o de vigilancia. f) Las personas y entidades privadas cuando celebren los contratos reseñados en las letras b) c) y d) del artículo A los efectos exclusivos de la aplicación de esta Ley Foral se entiende por Administraciones Públicas de Navarra las entidades contempladas en las letras a), b), c) y d) del apartado anterior, sin que pueda afectar a su naturaleza institucional. 3. Quedan excluidas de la aplicación de la presente Ley Foral las sociedades mercantiles participadas o vinculadas directa o indirectamente por las personas y entidades sometidas a esta Ley Foral que ejerzan exclusivamente actividades industriales, comerciales o mercantiles que no tengan la consideración de actividad de interés público. Artículo 3. Contratos sometidos a la presente Ley Foral. Se encuentran sometidos a la presente Ley Foral: a) Los contratos de obras, suministro, asistencia y las concesiones de obras públicas y de servicios de las entidades comprendidas en las letras a), b), c), d) y e) del apartado 1 del artículo anterior. b) Los contratos de obras que tengan por objeto prestaciones de ingeniería civil de las contempladas en el Anexo I de esta Ley Foral y los contratos de obras de construcción de hospitales, centros deportivos, culturales, recreativos y de ocio, edificios escolares y universitarios y edificios de uso administrativo celebrados por personas o entidades privadas cuando hayan sido subvencionados directamente en más de un 50 por 100 por las entidades sometidas a obligaciones de contratación pública. c) Los contratos de asistencia suscritos por personas o entidades privadas vinculados a los contratos de obras señalados en la letra anterior cuando hayan sido objeto de subvención directa en más de un 50 por 100 por las entidades sometidas a obligaciones de contratación pública. d) Los contratos y subcontratos de obras de los concesionarios de obras públicas y los contratos de obras de los agentes urbanizadores que no estén comprendidos en el artículo 2.1, letra e). Artículo 4. Definición de los contratos sometidos a la presente Ley Foral. 1. Se entiende por contrato de obras aquél en el que una entidad o entidades sujetas a la presente Ley Foral o contratante encargan mediante precio a un empresario o profesional, denominado contratista, la ejecución, o bien conjuntamente el proyecto y la ejecución, de prestaciones relativas a una de las actividades mencionadas en el Anexo I de esta Ley Foral. 2. Se entiende por contrato de suministro el celebrado entre una entidad o entidades sujetas a la presente Ley Foral o contratante y un empresario o profesional, denominado contratista, que tiene por objeto la compra al contado o a plazos, el arrendamiento con o sin opción de compra, el arrendamiento financiero, de productos y bienes muebles. 3. Se entiende por contrato de asistencia aquél celebrado por una entidad o entidades sujetas a la presente Ley Foral o contratante, y distinto de los contratos de obras o de suministro, mediante el que se encarga por un precio a un empresario o profesional, denominado contratista, la prestación de uno de los servicios señalados en el Anexo II de la presente Ley Foral, bien al contratante o bien, por cuenta del contratante, a un tercero o al público en general. Estos contratos tendrán un plazo de vigencia de cuatro años, incluidas todas sus prórrogas, salvo que por circunstancias excepcionales fuese necesario un plazo mayor para satisfacer las necesidades de la entidad contratante, con respeto, en todo caso, a los principios de una libre y efectiva competencia en el mercado. 4. Se entiende por contrato de concesión de obras públicas aquél celebrado por una entidad o entidades sujetas a la presente Ley Foral o concedente por el que se otorga a un empresario o profesional, denominado concesionario, la construcción y explotación de una obra de las enumeradas en el Anexo I de esta Ley Foral que sean susceptibles de explotación económica, reconociendo al concesionario el derecho a percibir una retribución consistente en la explotación de la propia obra o en dicho derecho acompañado del de percibir un precio. 5. Se entiende por contrato de concesión de servicios, aquél en el que una entidad o entidades sujetas a la presente Ley Foral o concedente encarga a un empresario o profesional denominado concesionario la prestación de un servicio de los enumerados en el Anexo II de esta Ley Foral a cambio de una retribución consistente en su explotación económica o bien en la explotación acompañada de un precio. Artículo 5. Contratos mixtos. 1. Se entiende por contrato mixto aquél cuyo objeto corresponde a dos o más contratos de los regulados en esta Ley Foral. 2. A los efectos de la aplicación de las normas de publicidad y adjudicación de estos contratos se considerará como principal la prestación de mayor importe económico. 3. El régimen jurídico de estos contratos se determinará en las condiciones reguladoras del contrato, aplicando el régimen jurídico de cada prestación en la medida que sea compatible con la prestación principal. Excepcionalmente, podrá considerarse como prestación principal a la hora de determinar su régimen jurídico material la prestación más relevante de acuerdo con la finalidad del contrato.

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