REVISTA DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA, 2.ª Época, n. 13 (2004), págs


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1 REVISTA DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA, 2.ª Época, n. 13 (2004), págs LA CONSPIRACIÓN PARA DELINQUIR Comentario a la STS 791/1998, de 13 de noviembre (RJ Aranzadi 8962) Recurso de casación 973/1997-P, contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Sección 1.ª) de EDUARDO RAMON RIBAS Profesor Titular interino de Derecho Penal Universidad de las Islas Baleares Sumario I. Introducción: hechos y calificación según la Audiencia Provincial de Baleares. I.1. Hechos probados. I.2. Calificación jurídica. II. Error «in persona» y desviación del proyecto delictivo. III. Asesinato consumado y conspiración para asesinar. III.1. Provocación al delito y proposición para delinquir. III.2. La proposición sin éxito y la proposición con éxito o conspiración. III.3. Conspiración individual? III.4. La conspiración como coautoría anticipada. III.4.1. Distinción entre autores y partícipes. III.4.2. Autoría en sentido formal y conceptos extensivos de autor: confusión entre autores y partícipes. III El concepto formal de autoría. III La teoría del dominio funcional del hecho como concepto extensivo de autor. III Dominio positivo y negativo del hecho. Crítica a la teoría del dominio funcional. IV. Vulneración del principio acusatorio? La correlación de la sentencia con la acusación. V. Conclusiones y observaciones finales. V.1. La dogmática como instrumento de control de la actividad judicial y como «tienda de mercaderías». V.2. Resumen crítico de los principales aspectos de la sentencia comentados. V.3. Proposición, conspiración y provocación como actos preparatorios que sancionan, de forma excepcional, conductas preejecutivas.

2 354 EDUARDO RAMON RIBAS I. Introducción: hechos y calificación según la Audiencia Provincial de Baleares I.1. Hechos probados Con fecha 4 de febrero de 1997, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares dictó Sentencia en la cual se consideran probados los hechos que acto seguido se resumen: «En Eivissa, a finales de 1994, el procesado José Roig Sala se propuso acabar con la vida de Santiago García Suárez, de profesión taxista por aquellas fechas conductor del taxi de Eivissa con la licencia número 38. a causa del malestar que le provocaba su relación sentimental con Margarita Torres Geraldo, con la que el procesado había convivido durante varios años, circunstancia que afectó profundamente a la estabilidad emocional de la hija de ambos, Susana Roig Torres. Para llevar a cabo su propósito criminal el procesado contó con la ayuda de su hija Susana Roig, la cual, conociendo las intenciones de su padre, vigiló a Santiago García y realizó investigaciones sobre su vida personal y profesional. Asimismo, se concertó con los también procesados Francisco Planells Serra y José Bufí Serra, los cuales, tras varias entrevistas en las que planificaron la ejecución del crimen, aceptaron el encargo de dar muerte a Santiago García a cambio de recibir la suma de trescientas mil pesetas. Antes había realizado la misma oferta a Javier Rodríguez Sánchez y a Juan Daniel Ferrer Costa, pero éstos rechazaron su proposición. Para perpetrar el crimen, el procesado José Roig proporcionó a José Bufí una pistola que éste no llegó a utilizar, puesto que el 15 de enero de un agente de la Guardia Civil intervino el arma en su poder. Posteriormente, a finales de ese mismo mes de enero, el procesado José Bufí, siguiendo las indicaciones de José Roig, y con la finalidad de cerciorarse de la identidad de Santiago García, frecuentó el bar Paquita, en el que solía encontrarse ayudando a Margarita Torres a realizar las tareas propias del bar. En una de estas ocasiones, Susana Roig, siguiendo las instrucciones de su padre, se encontró con José Bufí para indicarle la persona a la que debía matar. El día 1 de febrero de 1995, el procesado José Roig entregó una nueva pistola, junto con cincuenta cartuchos de munición, a Francisco Planells, encargándole que hiciera llegar estos efectos a José Bufí, no sin antes cerciorarse, en presencia de Francisco Planells, del funcionamiento del arma, para lo cual, en su mismo domicilio, disparó contra un bloque o taco de madera. Al día siguiente, 2 de febrero, el procesa-

3 LA CONSPIRACIÓN PARA DELINQUIR do Francisco Planells cumplió este encargo, haciendo entrega a José Bufí del arma y de la munición que debía utilizar para dar muerte a Santiago García. La tarde del día 2 de febrero los procesados Francisco Planells y José Bufí se dirigieron, en el vehículo Dyane 6 propiedad de este último, en el que previamente habían introducido un ciclomotor, al paraje conocido con el nombre de C an Rota Vella, situado en el bosque de San Mateo. Tras ocultar una garrafa de gasolina y dejar la motocicleta, se trasladaron a la población de San Rafael, desde donde José Bufí se dirigió a Eivissa para localizar a Santiago García en la parada de taxis de Figueretes. Los procesados estaban informados de que Santiago García conducía el taxi con la licencia número 38. Sin embargo, pocos días antes había decidido abandonar temporalmente esta profesión, al sentirse vigilado por José Roig, circunstancia que los procesados no llegaron a conocer. José Bufí, según lo proyectado, se dirigió a la parada de Figueretes donde esperó la llegada del taxi número 38. Cuando observó que el vehículo se situaba en los primeros puestos telefoneó a Francisco Planells, que esperaba su llamada en el bar Sa Creu de San Rafael, y, conforme habían planeado, regresó al bosque de San Rafael para dejar el vehículo y recoger la motocicleta. Mientras tanto José Bufí tomó el taxi número 38, conducido desde hacía sólo algunos días por José Clapés Sala, indicándole que se dirigiera al bosque anteriormente citado. A lo largo del recorrido el procesado se percató de que el conductor no era Santiago García, a pesar de lo cual decidió continuar, dando muerte a José Clapés con la intención de obtener la recompensa prometida. Así lo hizo, disparando a la cabeza del taxista. A continuación prendió fuego, con la gasolina que contenía la garrafa escondida en el lugar del delito, al vehículo en el que se encontraba el cuerpo ya sin vida de José Clapés, que quedó calcinado, resultando asimismo absolutamente destruido el autotaxi, propiedad de Juan Marí Ferrer, cuyo valor venal es de un millón ciento cuarenta mil pesetas, dándose seguidamente a la fuga en el automóvil que le había dejado preparado Francisco Planells. Pocos días después de producirse la muerte de José Clapés, Franciso Planells vendió la pistola, que previamente le había devuelto José Bufí, a José Boned Costa, en cuyo poder fue finalmente hallada. Por su parte, José Bufí acudió a una peluquería situada en la población de Santa Gertrudis para disimular unas quemaduras que presentaba su cabello».

4 356 EDUARDO RAMON RIBAS I.2. Calificación jurídica La Audiencia Provincial de Baleares, después de explicar, en primer lugar, como alcanzó el convencimiento de que los hechos se habían producido en el sentido considerado probado, y de fundamentar jurídicamente, en segundo término, la calificación de tales hechos como constitutivos de diversos delitos, decidió lo siguiente: «1. Condenar a JOSÉ BUFÍ SERRA como autor de un delito de asesinato por precio art CP 1973 concurriendo la circunstancia agravante de alevosía art CP 1973 a la pena de veintiocho años de reclusión mayor e inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena, e indemnización de veinte millones de pesetas, más intereses legales, a favor de María Salas Serra y José Clapés Ramón; como autor de un delito de daños art. 263 CP 1995, sin concurrencia de circunstancias modificativas, a la pena de multa de un año a razón de una cuota diaria de quinientas pesetas y que indemnice a Juan Marí Ferrer en la suma de un millón ciento cuarenta mil pesetas, más intereses legales; y como autor de un delito de tenencia ilícita de armas art sin concurrencia de circunstancias modificativas, a la pena de dos años de prisión menor y suspensión de cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de condena; así como se le condena al pago de 3/12 partes de las costas procesales causadas. 2. Condenar a JOSÉ ROIG SALA por un delito de provocación al asesinato arts. 4 y CP sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de veinte años de reclusión menor e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena; y como autor de un delito de tenencia ilícita de armas art CP 1973, sin concurrencia de circunstancias modificativas, a la pena de dos años de prisión menor y suspensión de cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de condena; así como se le condena al pago de 2/12 partes de las costas procesales causadas. 3. Condenar a FRANCISCO PLANELLS SERRA como autor de un delito de conspiración para el asesinato arts. 4 y CP 1973, concurriendo la circunstancia analógica de arrepentimiento espontáneo, a la pena de quince años de reclusión menor y suspensión de cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de condena; y como autor de un delito de tenencia ilícita de armas art CP 1973, concurriendo la circunstancia analógica de arrepentimiento espontáneo, a la pena de cuatro meses de arresto mayor y suspensión de cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de condena; y absolverle del delito de incendio, hoy daños, por el que se le acusaba; así como se le condena al pago de 2/12 partes de las costas procesales causadas.

5 LA CONSPIRACIÓN PARA DELINQUIR Absolver a la acusada SUSANA ROIG TORRES de todos los delitos que le imputaba la acusación particular. 5. Mandar proceder por el delito de tenencia ilícita de armas contra José Boned Costa, a cuyo efecto se deducirá testimonio particular bastante, y en especial de los folios 342 y siguientes, 373, y Declarar de oficio 5/12 partes de las costas procesales causadas». II. Error «in persona» y desviación del proyecto delictivo En la Sentencia cuyo Fallo y Hechos Probados se han transcrito, posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo mediante la Sentencia 791/1998, de trece de noviembre, se advierte claramente que José Bufí Serra, pese a percatarse de que el conductor del taxi no era Santiago García Suárez, cuya muerte había aceptado causar a cambio de recibir la suma de trescientas mil pesetas, decidió continuar con el plan delictivo obviando dicha circunstancia y, por consiguiente, matar a José Clapés Sala a fin «de obtener la recompensa prometida». Dicho de otro modo, José Bufí, ante la imposibilidad de matar, conforme estaba previsto, a Santiago García Suárez, olvida su encargo original y decide, desvinculándose totalmente del plan común, y confiando en obtener, pese a todo, el precio estipulado, terminar con la vida de otra persona, el referido José Clapés Sala, sin que quepa apreciar cometido un simple, y en principio irrelevante, error en la persona 1. En el «error sobre el objeto de la acción», que incluye tanto el mentado error «in persona» cuanto el error «in objecto», el autor se equivoca acerca de la identidad del objeto material, dependiendo la solución, como señalan JESCHECK/WEIGEND, de si la valoración jurídico-penal cambiaría en caso de que la representación del autor hubiera sido correcta: «Si lo sucedido posee una equivalencia valorativa típica con el hecho ideado o, erróneamente, el autor acepta aquélla, entonces la equivocación resulta ser irrelevante por tratarse de un simple error en los motivos» 2. 1 «José Bufí, al ejecutar el crimen, se apartó deliberadamente del plan inicialmente trazado, es decir, no erró en la persona». Vid. Hechos Probados, núm. 7, de la SAP de Baleares comentada. 2 Cfr. JESCHECK/WEIGEND, Tratado de Derecho Penal. Parte General, trad. de Miguel Olmedo Cardenete, Granada, 2002, p. 333.

6 358 EDUARDO RAMON RIBAS En esta clase de error, por tanto, y a diferencia de los supuestos de «aberratio ictus» o «error en el golpe», el ataque, pese a que el autor yerra en la elección de la persona o del objeto, alcanza la meta fijada. Con otras palabras, mientras en la «aberratio ictus» el error afecta al proceso ejecutivo, al proceso de manifestación de la voluntad, en el «error in persona o in objecto» afecta al proceso de formación de la voluntad 3. Esta circunstancia incide de forma determinante en la responsabilidad criminal de los demás sujetos, pues la muerte finalmente causada por José Bufí, calificada como delito de asesinato 4, es una obra exclusivamente suya, totalmente ajena, por tanto, a aquéllos, cuyas responsabilidades, si las hubiere (y tanto la Audiencia Provincial cuanto el Tribunal Supremo estimaron que las hubo), deberían derivarse de la ideación previa de la muerte de Santiago García 5. 3 Cfr. COBO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, Derecho Penal. Parte General, Valencia 1999, p «En los hechos enjuiciados concurre la circunstancia de haber actuado el culpable por precio, puesto que fue la expectativa de obtener una compensación económica en el presente caso la cantidad de trescientas mil pesetas ofrecidas por José Roig a Francisco Planells y José Bufí la causa motriz desencadenante del delito (...). También debe tenerse en cuenta la existencia de alevosía, que se caracteriza por el empleo de medios, modos o formas determinados en la ejecución del hecho, especialmente favorecedores del propósito criminal. El acusado, amparándose en la oscuridad de la noche acechó a su víctima, conduciéndola a un lugar solitario y especialmente propicio para la ejecución del delito; según había proyectado, el conductor del taxi, ejerciendo su profesión, no tendría más remedio que llevarle sin desconfianza al lugar elegido para darle muerte». Vid. Fundamentos Jurídicos, núm. II, de la SAP de Baleares comentada. 5 «En contra de lo que ha sostenido la acusación, la conducta del resto de los procesados José Roig, Francisco Planells y Susana Roig no es constitutiva del delito de asesinato. Puesto que toda participación en un hecho punible tiene que ser dolosa, la responsabilidad del partícipe, inductor o cómplice, acaba allí donde termina su dolo. En consecuencia, no podrá hacérsele responsable de los excesos cometidos por el autor, pues tanto quien induce a la comisión de un hecho delictivo, como quien colabora en su ejecución, no responde de los excesos dolosos del autor, no queridos ni aceptados por el partícipe, de los cuales exclusivamente responde el autor. Hubiesen sido responsables estos tres partícipes si José Bufí hubiera matado a José Clapés por error in persona, confundiéndole con Santiago García Suárez, ya que en tal caso, el proyecto delictivo del ejecutor no habría cambiado, y los partícipes que lo asumieron deberían responder de consecuencias distintas de las pactadas, originadas por error in persona». Vid. Fundamentos Jurídicos, núm. III, de la SAP de Baleares comentada. En el mismo sentido, vid. STS, comentada, 791/1998, de trece de noviembre, Fundamento de Derecho Sexto: «en relación al asesinato de José Clapés Sala, no puede estimarse coautores a José Roig y a Francisco Planells, ni cómplice a Susana Roig

7 LA CONSPIRACIÓN PARA DELINQUIR III. Asesinato consumado y conspiración para asesinar Imputada la muerte de José Clapés Sala, calificada, como decía, como delito de asesinato consumado, a José Bufí, autor individual de éste, la responsabilidad criminal de los otros procesados la fundamentan la Audiencia Provincial de Baleares, y posteriormente el Tribunal Supremo, en la preparación conjunta del asesinato de Santiago García. En efecto, los actos realizados por aquéllos no alcanzan, en relación con el delito proyectado, el estadio ejecutivo, cuya iniciación hubiera dado lugar a una tentativa de asesinato, por lo que sólo su conceptuación como actos preparatorios punibles evita la absolución de José Roig y Francisco Planells, resultando impune, sin embargo, el comportamiento de Susana Roig. Dicha conceptuación como actos preparatorios punibles se traduce en la consideración de José Roig como autor de un delito de provocación al asesinato, definido en el artículo 4 del Código Penal anterior, y de Francisco Planells como autor de un delito de conspiración para asesinar, previsto también en el mentado artículo 4 del Código Penal de III.1. Provocación al delito y proposición para delinquir La Audiencia Provincial de Baleares argumenta del siguiente modo la imputación a José Roig de un delito de provocación al asesinato: «Es claro que si, como sucede en el presente caso, la conducta del instigador recae sobre la muerte de una persona perfecta y claramente determinada, pero el autor mata por su propia iniciativa a otra diferente, a la que no confunde con la víctima error in personam, la inducción se trunca y se castiga como provocación al asesinato, pues en tal caso el inducido ha decidido voluntariamente cambiar el objeto material del delito, circunstancia que no Torres, ya que la participación delictiva exige un elemento subjetivo, consistente en el conocimiento y aceptación del proyecto criminal, en relación al acto homicida contra Clapés cometido por Bufí, faltó el conocimiento y la aceptación de tal acción por parte de Roig, Planells y Susana». En mi opinión, propiamente no cabe hablar de un simple exceso del autor del asesinato, sino de un hecho totalmente nuevo, completamente desvinculado de los restantes procesados, los cuales no sólo lo desconocen, sino que no tienen participación alguna en él.

8 360 EDUARDO RAMON RIBAS puede ser captada por el dolo del inductor. En tal caso, éste responde por una inducción no aceptada, es decir, no seguida de ejecución que, según el Tribunal Supremo (sentencia de 30 de diciembre de 1980) equivale a una provocación en la regulación del CP vigente al tiempo de producirse los hechos, y a una proposición conforme a la regulación actualmente vigente». 6 Esta última advertencia subraya un cambio importante producido en la definición de la provocación. Según el anterior Código (artículo 4 párrafo tercero), la provocación existía cuando se incitaba «de palabra, por escrito o impreso, u otro medio de posible eficacia, a la perpetración de cualquier delito», castigándose como inducción la provocación a la que hubiere seguido la perpetración del delito. El vigente texto penal, en su artículo 18.1, estima, en cambio, que sólo existe provocación «cuando directamente se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad, o ante una concurrencia de personas, a la perpetración de un delito», estableciendo el número dos, in fine, del referido artículo, como hacía el también mencionado artículo 4, que «si a la provocación hubiese seguido la perpetración del delito, se castigará como inducción». Se produce, por tanto, una sensible reducción del concepto de provocación, excluyéndose de él, como señalan BARQUÍN SANZ/OLME- DO CARDENETE 7, toda provocación que no sea pública. Con otras palabras, la provocación se dirige, a tenor de lo dispuesto por el artículo 18 del Código Penal, a una pluralidad de personas, debiendo rebasar la esfera de lo íntimo o privado: «para que la provocación sea punible ha de tener lugar en el espacio público» 8. Dada esta nueva situación legal, la conducta de José Roig no puede adjetivarse ya como provocación, resultando, desde esta perspectiva, atípica. La aplicación retroactiva de la ley penal favorable al reo debería determinar, por tanto, la impunidad del comportamiento de aquél. Dicha consecuencia se soslaya, no obstante, reconduciendo aquella conducta a otro tipo penal, el que define la proposición para delinquir, que existe, según dispone el artículo 18.2 del Código Penal, reproduciendo en esta ocasión la regulación precedente 9, «cuando el que ha 6 Vid. Fundamentos Jurídicos, núm. IV, de la SAP de Baleares comentada. 7 Vid. Comentarios al Código Penal, Tomo I, Artículos 1 a 18, dir. Manuel Cobo del Rosal, Madrid 1999, p Vid. VIVES ANTÓN, Comentarios al Código Penal de 1995, Vol. I, arts. 1 a 233, coord. T. S. Vives Antón, Valencia 1996, p Artículo 4, párrafo segundo, del Código Penal de 1973.

9 LA CONSPIRACIÓN PARA DELINQUIR resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a ejecutarlo». Obviamente, la declaración de tipicidad del comportamiento de José Roig presupone aceptar que aquél era subsumible, antes, tanto en la proposición para delinquir cuanto en la provocación al delito, y que en la actualidad, modificado el concepto de esta última, lo es sólo en el tipo que describe la proposición 10, en el que tiene acogida la inducción frustrada o no seguida de ejecución. Y esto último es lo que resulta, a mi juicio, discutible: que la proposición para delinquir contemple, como sostiene MIR PUIG, supuestos de inducción ineficaz o, según él, tentativa de inducción 11, en los que el inducido, por tanto, no llega a dar inicio a la ejecución del delito correspondiente. En opinión del mentado autor, mantener esta interpretación permite evitar una importante laguna legal, «pues de otro modo 12 aquélla debería quedar impune, pese a constituir el acto preparatorio más indudablemente punible» 13. En contra de dicha opinión, a mi juicio no sólo no es cierto que la inducción no seguida de ejecución sea el acto preparatorio más indu- 10 No es exacta, por tanto, la afirmación de la Audiencia Provincial de Baleares de que la inducción no seguida de ejecución equivale a una provocación en la regulación del CP vigente al tiempo de producirse los hechos, y a una proposición conforme a la regulación actualmente vigente, pues ello supondría que antes no era conceptuable como proposición, de forma que sólo una ampliación de ésta permitiría acoger una conducta que ya no pertenece al ámbito aplicativo de la provocación. Puesto que la referida ampliación del concepto de proposición no se ha producido, debemos pensar que la Audiencia Provincial estimaba que la inducción no seguida de ejecución tenía cabida tanto en el tipo de provocación como en el de proposición, considerando que el primero desplazaba al segundo, y que una vez producida la entrada en vigor del nuevo Código Penal, sólo la proposición acoge ya aquella conducta. 11 «La proposición puede cobijar, pues, ante todo la tentativa de inducción». Vid. MIR PUIG, Derecho Penal. Parte General, Barcelona, 2002, p Y dado que «la tentativa de inducción no cabría tampoco en la provocación». Vid. MIR PUIG, Derecho Penal. Parte General, 2002, op. cit., p Vid. MIR PUIG, Derecho Penal. Parte General, 2002, op. cit., p Con idéntico propósito, esto es, evitar la atipicidad de la inducción ineficaz, conducta que el actual tipo de provocación ya no puede acoger, defiende GÓMEZ RIVERO una interpretación amplia de la proposición. A su juicio, y aunque el legislador no haya adecuado la redacción de la proposición a la necesidad de incorporar a él la tentativa de inducción, «figura que necesariamente escapa ahora a la que antes era su ubicación sistemática (la provocación)», es preciso concluir que el tipo de proposición contempla «tanto las propuestas de coautoría como aquellas que se orientan a que sean otro u otros los que ejecuten el delito». Vid. GÓMEZ RIVERO, «Regulación de las formas de participación intentada y de la autoría y participación», en La Ley ( ), p En el mismo sentido, REBOLLO VARGAS, La provocación y la apología en el nuevo Código Penal, Valencia 1997, p. 54.

10 362 EDUARDO RAMON RIBAS dablemente merecedor o acreedor de pena 14, sino que, al menos conforme a la legislación vigente, ni siquiera es típico. Y es que, como señala VIVES ANTÓN, para que se pueda hablar de proposición, según la definición legal, es preciso que el proponente haya resuelto cometer un delito, significando cometer, en este ámbito, ejecutar hasta la consumación 15. Precisamente en eso se diferencia, según aquel autor, la proposición de la inducción, pues ésta última no comporta una propia voluntad de realización 16. Además, la invitación del proponente a otra u otras personas a ejecutar el delito debe ir referida, como exige el propio tenor literal de la Ley, infranqueable por toda interpretación, «a que la persona que la recibe tome parte», igualmente, en la ejecución 17. En suma, la proposición para delinquir la realiza una persona que, habiendo decidido cometer o ejecutar un delito y, por consiguiente, ser autor de éste, invita a otra u otras personas a ejecutarlo con ella, a ser, por tanto, coautores de la infracción criminal. De este modo, si el que propone ejecutar un delito no tiene intención de participar en dicha ejecución, realiza una proposición no punible; y lo mismo sucede si el proponente invita al tercero o terceros simplemente a cooperar, con actos necesarios o no, en la ejecución del delito. Entender que la proposición abarca supuestos de inducción sin ejecución posterior supone, además de recuperar parte del espacio aplicativo perdido por la provocación, antes definida de forma excesivamente generosa, prescindir de la referencia que debe proporcionar, sin excepción, el concepto de autor. Siendo la inducción una conducta accesoria, punible sólo si existe una conducta principal, la del autor, 14 «Pues sin duda el acto preparatorio más peligroso es el de quien, habiéndose decidido a intervenir como autor en el delito, invita a otro a que intervenga con él en la realización del mismo», ya que mientras «el inductor no tiene decidida la puesta en práctica por él mismo del delito, sino por otra persona a la que intenta persuadir de ello», en cambio, «quien ya se encuentra decidido a intervenir personalmente en la realización del hecho requiere un menor auxilio ajeno, puesto que ya cuenta con su propia contribución». Por el contrario, «al inductor le queda todo por hacer: encontrar a una o varias personas que desarrollen la ejecución de todo el hecho delictivo». Vid. OLMEDO CARDENETE, Comentarios al Código Penal, Tomo I, Artículos 1 a 18, dir. Manuel Cobo del Rosal, Madrid 1999, p Vid., citando la STS de 21 de marzo de 1896, VIVES ANTÓN, Comentarios al Código Penal de 1995, op. cit., p Vid. VIVES ANTÓN, Comentarios al Código Penal de 1995, op. cit., p Vid., citando ahora las SSTS de 5 de febrero y 21 de octubre de 1993, VIVES ANTÓN, Comentarios al Código Penal de 1995, op. cit., p. 105.

11 LA CONSPIRACIÓN PARA DELINQUIR antijurídica, lo cual sucede únicamente cuando se da inicio a la ejecución del delito inducido 18, el castigo del inductor que busca un autor constituye, siempre a mi juicio, un exceso intolerable. Sólo si dicha búsqueda tuviera éxito, y existiera, por tanto, una conspiración punible, procedería, según la legalidad vigente, la intervención penal. Fracasada tal empresa, ya sea porque el inductor no halló a un autor para su delito, ya sea porque éste no llegó a principiarlo, el Derecho Penal no puede intervenir, pues estaría castigando a quien meramente pretendía participar en un hecho cuyo autor, o no existe, o aún no ha realizado actos punibles. En fin, apelando al principio de intervención mínima (resulta un exceso interpretar de forma tan generosa preceptos penales que suponen ya una excepción al principio de que la intervención penal debe esperar al inicio de la ejecución del delito) 19, o al respeto al propio tenor literal de la Ley (mientras el artículo 28, considerando formalmente autores a «los que inducen directamente a otro u otros a ejecutar» el delito, presupone que el inductor no tiene intención de cometer él mismo el delito 20, el artículo 17.2 subraya que el proponente ha resuelto ya «cometer un delito», por lo que la invitación tendrá sentido coejecutivo), la conclusión no puede ser otra que la de sostener que el tipo de proposición para delinquir contempla únicamente supuestos de coautoría intentada, rechazando, en consecuencia, las tesis que, interpretando aquel tipo de forma extensiva, y superando probablemente lo autorizado por la letra de la ley, incluyen también en él, desatendiendo además el postulado de que no puede haber participación punible sin autoría 21 igualmente punible, supuestos de inducción intentada. 18 La accesoriedad del partícipe «se extiende desde el inicio del plan del autor principal, pues si éste no llega a dar comienzo al hecho, o se queda en tentativa, el partícipe también será impune o será cómplice de tentativa, y así mismo su castigo depende de que no se haya producido desistimiento o arrepentimiento eficaz». Vid. QUINTERO OLI- VARES, Comentarios al Nuevo Código Penal, dir. Gonzalo Quintero Olivares, Pamplona 2001, p Como observa VIVES ANTÓN, «los actos preparatorios representan una derogación específica del límite genérico de la punibilidad, situado, por el Derecho Penal liberal, en el principio de ejecución». La existencia de este limite puede derivarse de las exigencias incorporadas por el principio constitucional de proporcionalidad, el cual, sin embargo, no impide que, «atendidas la naturaleza y gravedad de ciertas figuras», pueda adelantarse excepcionalmente la línea de defensa trazada por el inicio de la ejecución «castigando determinadas formas de preparación». Vid. Comentarios al Código Penal de 1995, op. cit., p Pese a lo cual, cometerá el delito de inducción al delito. 21 Presente o futura.

12 364 EDUARDO RAMON RIBAS Como observa OLMEDO CARDENETE 22, el empeño en castigar a toda costa la inducción fracasada, incluso sobre otros actos preparatorios que pueden resultar tanto o más peligrosos, no es sino producto de la inercia a seguir considerando, como se hacía históricamente, al inductor como verdadero autor intelectual del hecho, estimando su comportamiento más reprochable que el desarrollado por quien se limitaba a ejecutar materialmente el hecho. III.2. La proposición sin éxito y la proposición con éxito o conspiración Incluso aceptando que el ámbito de aplicación del tipo que describe la proposición incluye supuestos de inducción sin ejecución posterior, sorprende que la Audiencia Provincial de Baleares condenara a José Roig por un delito de provocación o proposición al asesinato, pues, habiéndose aceptado su proposición 23, existiría ya un delito de conspiración, quedando desplazada aquélla 24. Esta idea, que destaca la preferente aplicación de la conspiración cuando la invitación es aceptada y se alcanza un acuerdo ejecutivo, está ampliamente extendida en la doctrina. Así, subrayan el carácter subsidiario de la proposición respecto a la conspiración, entre otros, ORTS BERENGUER 25, REBOLLO VARGAS 26, DE LA MATA BARRANCO 27 y OLMEDO CARDE- NETE Vid. Comentarios al Código Penal, op. cit., pp. 883 y Aceptada la proposición, puede afirmarse que ésta tuvo éxito, sin necesidad de esperar al inicio de la ejecución. 24 Se pone de manifiesto así la menor gravedad de la proposición, que debería, como indica VIVES ANTÓN (Comentarios al Código Penal de 1995, op. cit., p. 105), haber dado lugar a un castigo diferenciado. 25 Vid. «Consideraciones sobre la fase interna y los actos preparatorios del delito», en CPC 1982, núm. 18, p Vid. La provocación y la apología en el nuevo Código Penal, op. cit., p Vid. «La participación del funcionario público en los delitos comunes y especiales. Autoría y cooperación. Toma de decisiones en órganos colegiados», en Delitos contra la Administración Pública, Bilbao 1997, p Vid. Comentarios al Código Penal, op. cit., pp. 882 y 883.

13 LA CONSPIRACIÓN PARA DELINQUIR III.3. Conspiración individual? Además, condenando al referido José Roig por un delito de provocación al asesinato, el delito imputado a Francisco Planells, el de conspiración para cometer dicho asesinato, queda desdibujado, pues la conspiración sólo existe «cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo». Esto es, debe haber siempre dos o más conspiradores. Considerando a José Roig responsable de un delito de provocación, Francisco Planells aparece como el único conspirador del presente caso, pues José Bufí sólo fue condenado por un delito de asesinato consumado. Aun cuando esta objeción puede salvarse sosteniendo que José Roig, pese a responder por un delito de provocación, también conspiró 29, no parece adecuado, especialmente teniendo en cuenta el referido desplazamiento de la proposición cuando ésta fue aceptada, imputar a aquél el mentado delito, de participación plurisubjetiva, y a Francisco Planells otro distinto. En cualquier caso, más importante que destacar esta intrascendente incorrección formal, es subrayar un significativo error: pese a que José Bufí también «se concertó» para la ejecución de la muerte de Santiago (de hecho, fue el único que propiamente resolvió ejecutar dicha muerte), el Tribunal olvida condenarle por el delito de conspiración para asesinar. En efecto, advertida la circunstancia anteriormente comentada, 29 «El comportamiento descrito en la sentencia de José Roig Sala sería subsumible en la figura de conspiración, por darse en su actuación las notas de tal forma de aparición del delito de que antes se ha hecho mención, y es encajable también en la provocación para el delito de asesinato, puesto que ejerció una incitación reiterando a Planells y Bufí para que llevasen a cabo el homicidio de Santiago García Suárez como antes lo había ejercido con otras personas, y tales presiones, acompañadas con promesas de recompensa económica, tuvieron virtualidad respecto a Planells y Bufí». Vid. STS, comentada, 791/1998, de 13 de noviembre, Fundamento de Derecho Sexto. En el mismo sentido, vid. STS, comentada, 791/1998, de 13 de noviembre, Fundamento de Derecho Decimotercero: «Del relato fáctico de la sentencia se deduce claramente que hubo una promesa de pesetas de Roig a Planells y Bufí, para que mataran a Santiago García Suárez, y que tal ofrecimiento determinó a éstos a cometer el delito, confabulándose los tres para ello. Fue por ello correctamente tipificada la actuación de Roig como de provocación al delito de asesinato, por aplicación del art. 4 y del del CP de 1973, y podría también haber sido subsumida la actividad del procesado en la figura de conspiración para el delito de asesinato, dado el concierto de ROIG con los otros para la perpetración del acuerdo delictivo, y su voluntad ejecutiva, manifestada en actos de cooperación tan importantes como la facilitación del arma».

14 366 EDUARDO RAMON RIBAS la inexistencia de un simple error en la persona y, por tanto, la exclusión de la responsabilidad penal de José Roig y Francisco Planells por el crimen cometido por José Bufí, la única forma de otorgar carácter delictivo a su comportamiento es, como decía anteriormente, considerarlos responsables de un delito de conspiración para asesinar a Santiago García. Se consigue, de este modo, dada la gravedad de las penas imponibles por dicho delito, una solución materialmente justa. Alcanzada ésta, sin embargo, con el propósito mencionado, el Tribunal olvida extenderla a José Bufí, cuya responsabilidad penal, nacida del delito de asesinato cometido, no es preciso derivarla de la conspiración imputada a aquéllos con quienes «se concertó». No cabe alegar, en contra de la posición expresada, que José Bufí no puede ser castigado por un acto preparatorio (la conspiración) de asesinato por haber sido ya condenado por éste delito en su forma consumada, pues el efectivamente cometido es totalmente independiente del concertado con José Roig. III.4. III.4.1. La conspiración como coautoría anticipada Distinción entre autores y partícipes Errores y olvidos al margen, la apreciación de un delito de conspiración para asesinar se basa en la existencia de un concierto entre tres personas, los mencionados José Roig, José Bufí y Francisco Planells, para la ejecución de la muerte de Santiago García, y en la subsiguiente resolución de ejecutar, efectivamente, dicha muerte. Así lo entiende el Tribunal Supremo: La actuación de Francisco Planells Serra en relación al proyecto de matar a Santiago García Suárez es subsumible en la figura de conspiración para cometer un delito de asesinato, ya que se concertó con José Roig Sala y con José Bufí Serra para llevar a efecto la muerte, y los tres decidieron seriamente su ejecución. Planells asumió unas tareas entrega de la pistola a Bufí, traslado del citroen Dyane de este último a las proximidades del lugar elegido para dar muerte a Santiago propias de un cooperador necesario, y además medió el precio cualificativo del asesinato, según el núm. 2 del artículo 406 del Código Penal Vid. STS, comentada, 791/1998, de 13 de noviembre, Fundamento de Derecho Sexto.

15 LA CONSPIRACIÓN PARA DELINQUIR Construir la mentada conspiración no es, sin embargo, tan sencillo. Según un importante sector doctrinal, la conspiración constituye un supuesto de coautoría anticipada, esto es, un concierto entre futuros autores, excluyéndose de ella, por tanto, a quienes, aún proyectando su participación en el delito, no lo ejecutarán. Esta interpretación, además de mostrarse respetuosa con el tenor literal de la Ley 31, resulta coherente con la sostenida en relación con la proposición para delinquir, entendida en estas páginas como invitación co-ejecutiva, esto es, de quien ya decidió ser autor, a quien se espera sea coautor. De hecho, la aceptación de dicha invitación convertirá lo que hasta entonces era una mera proposición de un sujeto individual, en una conspiración de dos o más sujetos (según sea el número de invitaciones co-ejecutivas y, en su caso, de aceptaciones). Concebir la conspiración, y no meramente por razones gramaticales, como un supuesto de coautoría anticipada, constituye, en mi opinión, un acierto. Como dije al comentar el concepto de proposición, el castigo de los actos preparatorios 32 supone un adelantamiento excepcional de la línea de intervención penal, trazada, con carácter general, por el inicio de la ejecución de los tipos de la Parte Especial. Hallándonos ante una regulación excepcional, su interpretación extensiva nos aleja del postulado de prohibición de exceso o principio de proporcionalidad en sentido amplio, traducido en el ámbito penal a través del principio de intervención mínima, comprometiendo, además, el principio de igualdad, pues se equiparan, en la etapa anterior al inicio de la ejecución, las diversas formas de autoría y participación en el delito, perfectamente diferenciadas, a través del principio de accesoriedad, una vez superamos el mentado inicio de ejecución y nos situamos en el ámbito de la tentativa. En efecto, aunque el artículo 28 del Código Penal establece el mismo régimen penológico para quienes ejecutan el delito y quienes inducen a dicha ejecución o cooperan a ella con actos necesarios, existe una clara diferencia entre unos, los autores, y otros, los partícipes, esto es, aquellos que simplemente tienen, sin serlo, y aunque se les imponga la misma pena, la consideración de autores: Si son partícipes, su responsabilidad quedará vinculada al principio de accesoriedad, el cual presupone que hay un «autor prin- 31 La conspiración existe, recordemos, según dispone el artículo 17 del Código Penal, cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo. 32 Sólo en los casos especialmente previstos en la Ley.

16 368 EDUARDO RAMON RIBAS cipal o autor en sentido estricto» y que la punición del partícipe dependerá de que ese autor principal haya obrado típica y antijurídicamente. Esa es la consecuencia primordial de la distinción entre autores «auténticos» y «asimilados», plasmada en el artículo 28 con las locuciones respectivas «son autores» (párrafo primero) y «serán considerados autores» (párrafo segundo). 33 El partícipe, ya sea inductor o cooperador necesario, interviene siempre en un hecho ajeno, que pertenece a otro (el autor) u otros (los coautores), vinculándose su tipicidad a la de aquél o éstos. Su castigo depende, por ello, de que sepa a quién y a qué ha inducido o ayudado (dolo del partícipe), y, además, de que la conducta del autor sea típica y antijurídica, sin que resulte admisible, por otra parte, la participación en la participación. En fin, existiendo una nítida diferenciación entre autoría y participación en un delito consumado o intentado, una comprensión amplia de la conspiración supone una inadmisible equiparación de ambas, pues no resulta posible distinguir entre autores y partícipes: todos son conspiradores, incluido, quizá, el cómplice o cooperador no necesario. Ciertamente, si llegamos a la conclusión de que el concierto para la ejecución no requiere comprometerse a ejecutar mediata o inmediatamente el delito planeado, sino, simplemente, acordar que se ejecute un delito, aun cuando ello lo haga sólo uno de los conspiradores o, incluso, un tercero ajeno a la conspiración, en el artículo 17.1 podría tener cabida el cómplice o cooperador no necesario (pues también él puede concertarse para la referida ejecución de un delito), con lo cual resultaría aún mas manifiesto el perverso efecto de igualación de aquel precepto. Si no es preciso que el conspirador se reserve un papel ejecutor en el delito proyectado, por qué excluir a los que únicamente asumirán el rol de cooperadores no necesarios? En suma, o aceptamos que la conspiración es un concierto entre (futuros) autores, o no existen motivos para excluir únicamente a algunos de los partícipes, o, incluso, admitir que ninguno de los conspiradores acepte ejecutar el delito. Esta última posibilidad se daría, por ejemplo, si un conjunto de personas deciden que se cometa o ejecute un delito, pero no desean hacerlo ellos y prevén, por ello, que lo cometa o ejecute un tercero. Incluido este supuesto entre las conductas subsumibles en el artículo 17, se reproduciría un problema ya subrayado a propósito del análisis de la proposición: estaríamos castigando una conducta formal 33 Vid. QUINTERO OLIVARES, Comentarios al Nuevo Código Penal, op. cit., p. 308.

17 LA CONSPIRACIÓN PARA DELINQUIR y materialmente constitutiva de participación sin vincularla a autor alguno, sin necesidad, por tanto, de preguntarnos si existe una conducta principal que autorice el castigo de los que participarán en ella. Ello supondría, además, aceptar la punibilidad de la conducta de quienes se conciertan para inducir o para cooperar en un delito, incluso antes de inducir o cooperar y de que exista propiamente un autor no sólo actual sino también futuro. Para salvar este problema podemos exigir que al menos alguno de los conspiradores sea un futuro ejecutor, pero esta solución ni consigue apartar al cómplice del ámbito de la conspiración, ni, sobre todo, se ajusta al tenor literal del tipo, que exige, insito, concierto para la ejecución (y no para la participación) del delito y la resolución de todos ellos de, efectivamente, ejecutarlo (y no de que otros, uno de ellos o un tercero lo ejecuten). III.4.2. III Autoría en sentido «formal» y concepto extensivos de autor: confusión entre autores y partícipes El concepto formal de autoría Otra solución mediante la cual superar los dos inconvenientes señalados (inclusión del cómplice en el ámbito de la conspiración y atentado contra el tenor literal de la Ley), sin dejar de concebir la conspiración como una coautoría anticipada, estriba en tomar como punto de partida el concepto de autoría formal diseñado por el artículo 28 del Código Penal, según el cual son considerados autores los que inducen directamente a otro u otro a ejecutar el delito y los que cooperan con un acto sin el cual no se habría ejecutado. Dado que también los inductores y los cooperadores necesarios son autores, quedaría explicada la exclusión de los cómplices del concepto de conspiración y, al mismo tiempo, se fundamentaría la inclusión de aquéllos en este último. En contra de esta posición, cabe alegar, no obstante, que el artículo 17 no alude indistintamente a los autores (lo cual permitiría incluir, quizá, a quienes, sin serlo, son considerados como tales) sino a los ejecutores y, por tanto, sólo a los sujetos que aparecen definidos en el párrafo primero del artículo Art. 28, párrafo primero: «Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento».

18 370 EDUARDO RAMON RIBAS La vía subrayada es precisamente la seguida por el Tribunal Supremo en la sentencia que comentamos. Tras destacar que Francisco Planells asumió un conjunto de tareas propias de un cooperador necesario 35 sostiene que «debe entenderse que la decisión de participar en el ejecución del delito con una cooperación necesaria, se halla incluida en la decisión de ejecutar el delito contemplado en el pár. 1. del art. 4 del CP de 1973, y supone un supuesto de la autoría amplia que tipifica el art. 14 del mismo Cuerpo Legal, el número 3 de dicho precepto» 36. Tomando como referencia este concepto «amplio» o «formal» de autoría, en el que se incluye la cooperación necesaria, ya no es preciso que el conspirador tenga el dominio funcional del hecho y, por consiguiente, la condición de «coautor» del delito proyectado: «el motivo (decimoséptimo) debe rechazarse ( ) por entender que la actuación ejecutiva que asumió Planells era subsumible en el n. 3. del art. 14 del CP., y comprendida en el par. 1. del art. 4 del mismo Código Penal, aunque el procesado no hubiese tenido el dominio funcional del hecho». III La teoría del dominio funcional del hecho como concepto extensivo de autor Conscientes de todos estos obstáculos 37, los magistrados integrantes de la Sección de la Audiencia Provincial de Baleares que juzgó los 35 «Por el carácter principal de la aportación convenida facilitación de la pistola y situación del coche de Bufí en las proximidades del lugar elegido para el homicidio, para que este pudiera alejarse después de cometido el asesinato y por poder calificarse de imprescindible la ayuda, y no fácil de conseguir, y conforme, por tanto, con la teoría de los bienes escasos». Vid. STS, comentada, 791/1998, de trece de noviembre, Fundamento de Derecho Decimosexto. 36 Art. 14 ACP: «Se consideran autores: 1. Los que toman parte directa en la ejecución del hecho. 2. Los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo. 3. Los que cooperan a la ejecución del hecho con un acto sin el cual no se hubiere efectuado». 37 «No desconoce este Tribunal la tesis que sostiene que la aportación del cooperador necesario al hecho calificación en la que se basan ambas acusaciones para afirmar su responsabilidad queda fuera de la conspiración al considerar el auxilio necesario exclusivamente como una actividad previa a la ejecución del hecho». Vid. Fundamentos Jurídicos, núm. V, de la SAP de Baleares comentada. En el mismo sentido, vid. STS, comentada, 791/1998, de trece de noviembre, Fundamento de Derecho Sexto: «La conspiración se caracteriza por la concurrencia del pactum sceleris y por la resolución firme o decisión seria de ejecución (SS. De 11 de marzo de 1948, 9 de abril 1965 y 17 de abril 86). La jurisprudencia ha estimado

19 LA CONSPIRACIÓN PARA DELINQUIR hechos por los que fueron condenados José Roig, José Bufí y Francisco Planells, fundamentan la existencia del delito de conspiración para cometer el asesinato de Santiago García Suárez, cuyo ejecutor debía ser el segundo de aquéllos, tomando una construcción de ROXIN 38, en la «unión de voluntades existente entre el autor y el cooperador 39, plasmada en un plan concreto y acabado»: Dicha unión de voluntades permite «castigar como conspirador al cooperador necesario cuando éste, como sucede en el presente caso, se ha reservado una función en la realización del hecho que le asegura el dominio de la acción delictiva, pues si su participación en el hecho proyectado habría merecido la consideración de coautor para el caso de haber llegado realmente a ejecutarse, sin embargo cuando éste no se produce es posible afirmar su responsabilidad por el delito de conspiración, ya que, en último término la conspiración no es más que una forma de coautoría anticipada, y son actos preparatorios los de cooperación necesaria verificados». 40 «El dominio funcional del hecho», continua la Sentencia, «es un criterio válido de imputación a los coautores, que presupone la concurrencia de varias personas a la realización del delito, la aportación necesaria de cada uno de los que comparten el dominio del hecho a la realización del plan total, en el marco de una división del trabajo, y la existencia de un común acuerdo. Es evidente que en este caso existió unión de voluntades entre Francisco Planells y José Bufí anterior a la realización del hecho, plasmada en un plan concreto y definitivamente proyectado. Y también lo es, a juicio de este Tribunal, que la función que se había reservado Francisco Planells en la realización del hecho delictivo, por su carácter esencial, le aseguraba el dominio funcional de la acción delictiva». 41 Resumiendo, la Audiencia Provincial de Baleares, apelando a la unión o concierto de voluntades y al criterio del dominio funcional del que no pueden ser sujetos de conspiración quienes no reúnan las condiciones para ser autores (S. 1547/93, de 25 de abril)». 38 Que exige, para estimar que existe coautoría, la concurrencia de un plan común (nexo subjetivo entre los coautores), la esencialidad de la contribución y la actuación en fase ejecutiva. 39 El tribunal se refiere en este momento sólo a Francisco Planells puesto que la responsabilidad criminal de José Roig ya se ha fundamentado previamente mediante su consideración como provocador de un delito de asesinato. 40 Vid. Fundamentos Jurídicos, núm. V, de la SAP de Baleares comentada. 41 Vid. Fundamentos Jurídicos, núm. V, de la SAP de Baleares comentada.

20 372 EDUARDO RAMON RIBAS hecho, atribuye a Francisco Planells la condición de coautor futuro, asegurando así su condición de conspirador actual, y excluyendo, por carecer del citado dominio funcional del hecho, y, en consecuencia, no ser una futura coautora, a Susana Roig Torres del ámbito de la conspiración punible»: «En cambio, no puede afirmarse la responsabilidad criminal de Susana Roig Torres, que se limitó a participar en la preparación del hecho delictivo proporcionando diversas informaciones sobre la vida privada y profesional de Santiago García e, incluso, señalando a José Bufí quien era la persona a la que debía matar. Es claro que la contribución de Susana Roig al delito proyectado no le aseguraba el dominio funcional del hecho. Por ello, y por tratarse de una aportación previa a la realización de su contribución al mismo, sólo puede ser tratada como un supuesto de complicidad del art. 16 CP 1973». 42 «En estas circunstancias», y dado que «el concierto para ser cómplice no es constitutivo de una conspiración punible», pues «únicamente es conspirador el que se concierta para ser autor o coautor de un delito y resuelve realizarlo» 43, debe concluirse que la conducta de la procesada Susana Roig («concertarse para realizar actos de mera colaboración no indispensable en el mismo») no es punible si el delito «no llega a ejecutarse». 44 Tras hallar, considerándolo coautor futuro, el modo de fundamentar la responsabilidad penal de Francisco Planells, el Tribunal de instancia intenta explicar, detalladamente, la imputación a éste de aquella condición. A su juicio, la necesidad o esencialidad de una aportación depende de si ésta «condiciona la propia posibilidad de realizar el delito o reduce de forma esencial el riesgo de su realización», lo cual debe evaluarse en el caso concreto acudiendo a la idea del desbaratamiento del plan: «si la falta de una concreta aportación es capaz de desbaratar el plan, habrá de concluirse que quien estaba encargado de realizarla domina el hecho en su totalidad». Y ello es precisamente lo que sucede con la contribución de Francisco Planells, «el cual no sólo proporcionó la autor el arma homicida y 42 Vid. Fundamentos Jurídicos, núm. VI, de la SAP de Baleares comentada. 43 «Así se deduce de lo establecido en el art. 4 CP 1973 que, implícitamente, se refiere a la decisión de los conspiradores de realizar el delito». Vid. Fundamentos Jurídicos, núm. VI, de la SAP de Baleares comentada. 44 Vid. Fundamentos Jurídicos, núm. VI, de la SAP de Baleares comentada.

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