LAS PERSONAS REFUGIADAS EN ESPAÑA Y EUROPA CAPÍTULO 3 EL DERECHO DE ASILO EN ESPAÑA


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1 LAS PERSONAS REFUGIADAS EN ESPAÑA Y EUROPA CAPÍTULO 3 EL DERECHO DE ASILO EN ESPAÑA En 2017, España recibió a más solicitantes de protección internacional que ningún otro año, , y concedió el estatuto de refugiado a 595 personas, aunque denegó la protección al 65% de las personas cuyo expediente resolvió. Pero al mismo tiempo, como señaló el Defensor del Pueblo, la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior está totalmente colapsada: a fines de febrero de 2018, personas aguardaban la resolución de su solicitud, como se explica en el primer epígrafe. La situación en la frontera sur tampoco mejoró. España fue el tercer país de la Unión Europea con un mayor número de llegadas de personas migrantes y refugiadas a través del Mediterráneo, tras Italia y Grecia. Sin embargo, la respuesta en la gestión de las llegadas estuvo caracterizada por la improvisación y la falta de coordinación, como se explica en el segundo epígrafe. En cuanto a Ceuta y Melilla, de nuevo se sobrepasó la capacidad de los CETI, continuaron las llamadas devoluciones en caliente y, a pesar de la jurisprudencia de los últimos años, persistió la prohibición de que las personas solicitantes de protección internacional pudieran trasladarse a la Península tras la admisión a trámite de su solicitud. Y la impunidad sigue planeando, cuatro años después, sobre la tragedia de El Tarajal. También aumentó de manera considerable el número de solicitantes en el aeropuerto de Madrid-Barajas y, según se examina en el tercer epígrafe, en el 14,2% de los casos asistidos por el Servicio Jurídico de CEAR en este pues- 73

2 INFORME 2018 DE CEAR to fronterizo la admisión a trámite, con la consiguiente entrada en territorio español, se produjo porque la OAR no comunicó su resolución en el plazo legalmente estipulado. Las dos últimas partes de este capítulo examinan la situación en los CIE, centros a los que también el Defensor del Pueblo prestó una especial atención, y las irregularidades y la opacidad que envolvieron, un año más, la situación de las personas que llegaron embarcadas como polizones a los puertos españoles : EL AÑO DE LAS CIFRAS RÉCORD EN UN SISTEMA COLAPSADO. En 2017, según Eurostat, personas formalizaron su solicitud de protección internacional en España, lo que significó duplicar las de 2016 y acentuar la tendencia creciente de los últimos años. Se trata de la cifra más elevada jamás alcanzada en un año e incluso se aproxima a la suma de todas las registradas entre 2007 y 2014: un total de Sin duda, 2017 fue el año de las cifras récord en España en un sistema de asilo que está absolutamente colapsado. Este notable incremento implicó un cambio sustancial de nuestra posición europea. Si hasta 2016 España solía atender en torno al 1% de las peticiones del conjunto de la UE, en 2017 registró el 4,4% del total de las presentadas en los 28 países miembros, ya que además se produjo un sensible descenso en el conjunto del territorio comunitario: si en personas solicitaron protección internacional y en 2016, en 2017 lo hicieron personas. Esta reducción casi a la mitad se explica esencialmente por la caída del número de personas solicitantes en Alemania debido al endurecimiento de las políticas de asilo y de los controles de entrada en el país. De las personas solicitantes de 2016 se pasó a en 2017, una reducción del 76%. Pese a ello, Alemania siguió siendo el primer país en número de solicitantes en la Unión Europea y registró el 29,8% del total. Le siguieron Italia, con ; Francia, con ; Grecia, con y Reino Unido con solicitudes. Por primera vez, España ocupó el sexto lugar, por delante de naciones con un arraigado compromiso con la protección de las personas refugiadas como Suecia, que recibió a Solo en esos seis primeros países se presentaron el 81% del total de solicitudes de la Unión Europea. Por países de procedencia, Siria volvió a ocupar el primer lugar, con solicitantes, seguida de Irak, con , y Afganistán, con En España, Venezuela fue por segundo año consecutivo el país de origen de un mayor número de solicitantes, con , un incremento muy notable fren- 74

3 LAS PERSONAS REFUGIADAS EN ESPAÑA Y EUROPA RESCATE DE ONCE PERSONAS (ENTRE ELLAS, DOS POSIBLES MENORES) QUE FUERON TRASLADADAS A CARTAGENA TRAS SER LOCALIZADA SU PATERA POR EL AVIÓN DE SALVAMENTO MARÍTIMO. SALVAMENTO MARÍTIMO. te a los de 2016 y, más aún, frente a los 596 de A consecuencia del complejo contexto político y socioeconómico de este país latinoamericano, el número de personas forzadas al exilio ha aumentado exponencialmente. España es el principal destino de las personas originarias de Venezuela que solicitan protección internacional en la UE. Según ha expresado el ACNUR: Si bien no todos los venezolanos son refugiados, cada vez resulta más claro que un número significativo necesita protección internacional 197. En este contexto, una Nota de Orientación del ACNUR de 18 de marzo de 2018 alienta a los Estados a garantizar el estudio en profundidad de los expedientes y a otorgar protección internacional a aquellas personas que acrediten merecerla. Sin embargo, la respuesta del Gobierno español ha sido la denegación de la protección internacional al 99% de las personas solicitantes originarias de este país. Incluso, en 2017 de manera progresiva aceleró la resolución de sus expedientes en esta dirección. Solo 15 personas originarias de Venezuela lograron el estatuto de refugiado, ninguna obtuvo la protección subsidiaria y recibieron una respuesta denegatoria. 197 Nota de prensa ACNUR presenta nuevas directrices de protección ante la huida de venezolanos por América Latina. 13 de marzo de Disponible en: 75

4 INFORME 2018 DE CEAR Siria ocupó el segundo lugar en el número de solicitantes, con un aumento de de 2016 a Se trata de una cifra muy reducida si se considera la magnitud de su diáspora y es toda una muestra de la imperiosa necesidad de implementar vías legales y seguras que corrijan las dificultades de acceso al procedimiento. Solo 20 personas sirias lograron el estatuto, mientras que obtuvieron la protección subsidiaria y 150 una respuesta negativa. Colombia fue el tercer país de origen de un mayor número de solicitantes de asilo, con 2.460, un dato similar al de 2001, cuando el conflicto atravesaba uno de sus momentos más cruentos, y muy superior al de 2016 (615). La persistencia de la violencia y la posibilidad de viajar a Europa sin visado desde diciembre de 2015 explican este repunte. En cuarto lugar, figuró Ucrania, con solicitantes, una cifra levemente inferior a la del año anterior (2.570). Se mantuvo el descenso paulatino iniciado en 2016 aunque de forma moderada, puesto que persiste la guerra iniciada en la primavera de A los perfiles de solicitantes señalados en el Informe 2017 de CEAR (familias monoparentales y personas originarias de las regiones de Donetsk y Lugansk que temen ser reclutadas por alguno de los bandos), cabe añadir ahora el de aquellas personas que se vieron obligadas a abandonar este país por ser víctimas de la radicalización creciente que se está produciendo en la sociedad ucraniana. En quinto y sexto lugar, se situaron con solicitantes Palestina y Argelia. Palestina conoció un notable incremento desde los 355 de 2016, una consecuencia directa del impasse en las negociaciones de paz de un conflicto que ya dura setenta años. Un alto porcentaje de estas solicitudes se formalizaron en el aeropuerto de Madrid-Barajas. 115 personas originarias de Palestina obtuvieron el estatuto de refugiado y 130 la protección subsidiaria. Argelia también tuvo un incremento con respecto a 2016, año en el que se registraron 740 solicitudes. En séptimo y octavo lugar se situaron El Salvador, con solicitantes (frente a los 425 de 2016), y Honduras, con 970 frente a los 385 del año anterior. En ambos casos, se mantuvo el incremento de las personas solicitantes registrado ya en Se trata de casos que se explican por la violencia y la persecución relacionada con las maras y otros grupos violentos organizados. El ACNUR ha señalado que la persecución por las maras puede ser merecedora de protección al amparo de la Convención de Ginebra 198, una posición refrendada por la jurisprudencia reciente de la Audiencia Nacional y el Tribu- 198 Directrices de elegibilidad para la evaluación de las necesidades de protección internacional de los solicitantes de asilo procedentes de Honduras, elaboradas por ACNUR, publicadas en julio de

5 LAS PERSONAS REFUGIADAS EN ESPAÑA Y EUROPA UN SUBSAHARIANO SE DESVANECE TRAS SEIS HORAS SUBIDO A LA VALLA DE CEUTA. ESTA PERSONA FINALMENTE FUE DEVUELTA JUNTO A UN GRUPO DE 12 QUE INTENTABAN LLEGAR A ESPAÑA. CEAR / ANTONIO SEMPERE. nal Supremo, que, a partir de una sentencia de la Audiencia Nacional de 8 de septiembre de referida a una solicitud de protección formulada por un ciudadano salvadoreño, entiende que la persecución vinculada a estos grupos violentos puede dar lugar al reconocimiento de la protección internacional, principalmente a consecuencia de la incapacidad de estos países para hacerles frente y proporcionar protección efectiva a sus ciudadanos. Sin embargo, el ministro del Interior firmó el pasado año, a propuesta de la OAR, 60 resoluciones que afectaban a personas originarias de El Salvador y 30 a personas nacionales de Honduras y en todos estos casos la respuesta fue la denegación. En noveno lugar, estuvo Camerún, con 750 solicitantes, frente a los 120 de 2016, una evolución que obedece al aumento de las solicitudes presentadas por mujeres que alegan ser víctimas de trata. La mayor parte de ellas ingresaron en territorio español por el aeropuerto de Madrid-Barajas y en un primer momento argumentaron persecución por motivos de su identidad sexual o por haber sido víctimas de matrimonio forzado o violencia de género. Y, en décimo lugar, figuró Marruecos, con 525 solicitantes frente a los 340 de Destacaron las solicitudes formalizadas por personas que alegaron persecución por pertenecer al colectivo LGTB y las de personas procedentes de la 199 Recurso nr. 342/2016, SAN. 77

6 INFORME 2018 DE CEAR región del Rif, donde a lo largo del año pasado hubo revueltas en demanda de mejoras sociales. De las personas que solicitaron protección internacional en España en 2017, el 58% fueron hombres (17.965) y el 42% mujeres (13.155), unos porcentajes similares a los de años anteriores. Tampoco hubo modificaciones en el reparto de este colectivo por franjas de edad, ya que el grupo mayoritario (51%) tenía entre 18 y 34 años. El 24% fueron menores de edad, un porcentaje similar al de 2016 (26%) a pesar del notable aumento de menores no acompañados llegados a las costas españolas. Persisten, pues, las dificultades para que accedan al procedimiento de protección internacional e incluso para que ingresen en el sistema público de protección de menores. Ambas circunstancias concurren en el caso de Mamadou, un joven de 15 años originario de Guinea que se vio obligado a abandonar su país en noviembre de 2016 por razones de índole étnica y de violencia intrafamiliar. Tras la muerte de su padre, su madre se vio obligada a casarse con su tío paterno debido a las normas tradicionales que imperan en su país. A partir de entonces, tanto su madre como él comenzaron a sufrir constantes agresiones físicas por parte de su padrastro. Su nueva familia era de etnia malinke y él es de étnia peul, lo que acrecentaba la violencia y discriminación que sufría, sin encontrar amparo en las autoridades. Su madre quedó inválida y su hermano mayor murió, por lo que, al verse sin protección alguna y ante el temor fundado por su vida, decidió marcharse del país. Atravesó Senegal, Malí y Argelia hasta llegar a Libia. En este país fue encarcelado por las autoridades acusado de inmigración irregular y fue secuestrado y comprado por unas mafias, que pagaron 150 euros por él. Fue objeto de agresiones brutales y palizas y testigo de la muerte de algunos de los chicos secuestrados junto con él. Durante el viaje se sufre mucho. Cogen a la gente, la tratan como animales, explica Mamadou, quien conserva importantes secuelas físicas, como fracturas y cicatrices. Fue abandonado en el desierto argelino, pero pudo llegar a Marruecos, donde embarcó junto con un amigo en una zódiac hacia Málaga. Durante el trayecto este pereció ahogado. El 9 de octubre de 2017 llegó a las costas españolas y alegó su minoría de edad con una copia de su partida de nacimiento. Sin embargo, en el puerto se le practicó la prueba osométrica y fue filiado como mayor de edad. El 10 de octubre fue derivado al dispositivo de acogida humanitaria que CEAR gestiona en Sevilla y allí se detectó su necesidad de protección internacional. A pesar de las gestiones realizadas, no logró cita para formalizar su petición hasta dos meses después. Al cierre de este informe seguía esperando la resolución de su expediente. 78

7 LAS PERSONAS REFUGIADAS EN ESPAÑA Y EUROPA Ante el notable aumento del número de solicitantes de protección internacional a lo largo de 2017, la respuesta del Gobierno se enmarcó en un contexto de negación, parálisis e improvisación, que contribuyó a agravar el colapso del sistema de asilo. Según los datos de Eurostat, de las personas afectadas por las resoluciones que firmó el ministro del Interior, personas obtuvieron una respuesta negativa (el 65%) y se otorgó algún tipo de protección internacional a personas. De este modo, España se situó, con un 35% de reconocimiento, por debajo de la media de la UE (46%) 200 y sobre todo de sus propios índices de reconocimiento de 2016 (67%). Esta acusada disminución se debe principalmente a la ralentización de la resolución de expedientes de personas sirias, puesto que esta nacionalidad fue la principal beneficiaria de las resoluciones de protección subsidiaria resueltas durante 2016: de las personas afectadas. Esto también explica que el descenso de los índices de protección haya afectado especialmente al reconocimiento de la protección subsidiaria, que disminuyó de aquellas personas a Aumentaron las concesiones de estatuto de refugiado, de 355 de 2016 a 595 personas en 2017, principalmente a personas originarias de Eritrea, Palestina y Marruecos (en el caso de este país a personas que alegaban persecución por pertenecer al colectivo LGTB). Un año más, en 2017 no hubo ningún reconocimiento de la protección internacional por razones humanitarias. Respecto al porcentaje de personas que recibieron algún tipo de protección internacional, destacó Eritrea, con el 100% de las resoluciones resueltas de manera favorable; seguida por Siria, con el 95%; Irak, con el 72%; y Palestina, con el 70%. En el ángulo opuesto figuraron nacionalidades como la ucraniana, que, a pesar de la persistencia del grave conflicto bélico, tuvo un porcentaje de reconocimiento aún menor que en 2016 (el 9%) o los casos ya citados de Venezuela (1%), El Salvador y Honduras (0%). Asimismo, el incremento de las solicitudes de protección internacional no llevó aparejado un aumento proporcional del número de resoluciones resueltas, por lo que se agravó la acumulación de expedientes pendientes de resolver, que afectaba a personas a finales de febrero de Otra cifra récord en términos históricos. De ellas, sobresalen las naturales de Venezuela (14.995), Ucrania (4.645), Colombia (3.375), Siria (2.680), El Salvador (1.765), Honduras (1.635) y Palestina (1.520). 200 Fuente: pdf/748e8fae-2cfb-4e75-a388-f06f6ce8ff58 79

8 INFORME 2018 DE CEAR A esto se unen las esperas prolongadas para formalizar la solicitud de protección internacional dentro del territorio español, que pueden alcanzar incluso los seis meses. Por tanto, en estos momentos decenas de miles de personas viven con la incertidumbre de si España será su país de acogida o tendrán que verse obligados a retornar a sus lugares de origen, donde sus vidas pueden correr peligro. La situación en que se encuentra la Oficina de Asilo y Refugio es insostenible, afirmó el Defensor del Pueblo en su Informe LA FRONTERA SUR Y LAS COSTAS será recordado también como un año récord en llegadas por vía marítima a España. Por ese motivo en el segundo semestre del año pasado CEAR realizó diferentes misiones a los principales puntos y en enero de 2018 ha hecho público un informe en el que alerta sobre la ausencia de un plan de acción coordinado para ofrecer la atención adecuada a las personas que llegan a nuestras costas: Refugiados y migrantes en España: Los muros invisibles tras la frontera sur 202. En 2017, España fue el tercer país de la Unión Europea con un mayor número de llegadas de personas migrantes y refugiadas por mar, , aunque muy lejos de Italia ( ) y a cierta distancia de Grecia (35.052) 203. En cambio, las entradas en Melilla se redujeron de las personas de 2016 a El incremento de las llegadas por vía marítima obedece a diferentes motivos. Por una parte, la inestabilidad en los principales países de origen y tránsito (Costa de Marfil, Guinea Conakry, Gambia, Argelia y Marruecos) y el desmantelamiento de los campamentos donde se asentaban estas personas en Marruecos o Argelia. Por otra, las revueltas en el Rif, que incitaron a los activistas a huir a España mientras los efectivos de la Gendarmería marroquí destinados a controlar las fronteras se redujeron ya que los destinaron a la represión de estas revueltas. Asimismo, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2016 desfavorable a los intereses agrícolas de Marruecos llevó al régimen a amenazar, una vez más, con la suavización del control de las migraciones. También influyeron los efectos del Acuerdo UE-Turquía de 201 Informe Anual 2017 del Defensor del Pueblo. Disponible en: wp-content/uploads/2018/03/informe_anual_2017_vol.i.1_gestion.pdf 202 Informe disponible en: Datos de llegadas por mar a España: Datos de llegadas por mar a Italia: Datos de llegadas por mar a Grecia: Fuente: 80

9 LAS PERSONAS REFUGIADAS EN ESPAÑA Y EUROPA marzo de 2016, del convenio suscrito por Italia y Libia en febrero de 2017 y de la firma de acuerdos de readmisión entre la UE y determinados países. La mayoría de personas que llegaron por mar a España fueron subsaharianas (59%), seguidas de marroquíes (25%) y argelinas (23%) 205. Las principales rutas fueron Nador-Almería (personas subsaharianas), cabo Espartel-Tarifa (personas subsaharianas en embarcaciones de juguete) y Ashila-Barbate (marroquíes). El uso de embarcaciones de juguete o el incremento del número de personas por embarcación añaden peligrosidad a la travesía y esto originó un aumento del número de personas fallecidas o desaparecidas en las rutas españolas, 224 en 2017, frente a las 128 de 2016, según los datos de la OIM 206. En cuanto a la llegada y recepción de las personas migrantes en las costas meridionales, en el citado informe CEAR pone de relieve la improvisación como norma general de las actuaciones llevadas a cabo, la falta de coordinación entre los distintos agentes y la ausencia de garantías jurídicas en algunos puertos. Además, las dependencias portuarias carecen de las condiciones adecuadas, al igual que las instalaciones y calabozos donde estas personas son detenidas. Tampoco existe un protocolo de actuación unificado, sino que en cada punto de entrada se aplican procedimientos de actuación distintos. La detención es utilizada de forma sistemática; incluso en Almería, Málaga, Motril y Algeciras se práctica la de menores de forma habitual. La identificación de posibles víctimas de trata es prácticamente inexistente y no se proporciona información acerca del derecho a solicitar protección internacional. Ante esta situación, CEAR plantea siete propuestas. En primer lugar, propone la elaboración de un plan de acción estatal que incluya un protocolo unificado de actuación para mejorar la gestión de las llegadas de personas migrantes y refugiadas por vía marítima, asegurar la identificación de las necesidades de protección internacional y derivar a los canales de atención adecuados. Este plan debe disponer de una dotación presupuestaria que permita incrementar los medios materiales y humanos existentes. En segundo lugar, considera necesario garantizar el acceso a la información y al procedimiento de protección internacional de forma individualizada en los principales puntos de llegada y asegurar la asistencia letrada y, cuando sea preciso, la interpretación desde el primer momento. En tercer lugar, señala la urgencia de proporcionar una formación adecuada y continua en materia de protección internacional a las personas funcionarias de 205 Fuente: Fuente: 81

10 INFORME 2018 DE CEAR los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. En cuarto lugar, insiste en asegurar una adecuada y temprana identificación de las personas con necesidades especiales antes de ponerlas a disposición de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que reciban el trato que merecen. En quinto lugar, cree preciso adoptar medidas de identificación y de protección efectiva de las víctimas de trata con la participación y la asistencia de equipos multidisciplinares, así como la aplicación de un enfoque centrado en su protección. En sexto lugar, propugna una protección prioritaria de los menores para evitar que sean detenidos bajo circunstancia alguna y garantizar una identificación correcta de aquellos niños y niñas que hayan llegado solos, así como la realización de pruebas adecuadas de determinación de la edad. Y, por último, CEAR defiende la supresión de las restricciones a la libertad de circulación de las personas solicitantes de protección internacional en Ceuta y Melilla y de los criterios discrecionales y discriminatorios para los traslados a la Península. MELILLA Y CEUTA En 2017 el número de solicitantes de protección internacional en Melilla se incrementó levemente. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) 207 de esta ciudad autónoma volvió a sobrepasar sus posibilidades de ocupación y llegó a alcanzar las personas en diciembre, aunque la ocupación media fue de 984 personas para una capacidad de tan solo 480 plazas. El perfil de las personas residentes continuó siendo mayoritariamente de procedencia árabe (un 45,9% originario de Siria, 8,5% de Argelia y 4,8% de Marruecos), aunque hubo también personas de origen subsahariano (15,1% de Guinea Conakry, 4,2% de Costa de Marfil). Asimismo, el número total de menores residentes en el CETI se elevó a 1.442, principalmente procedentes de Siria (83,3%), y el total de mujeres llegó a 1.058, con un 55,1% de este último país. En 2017, se presentaron solicitudes de protección internacional en Melilla; la mayoría (2.593) según el procedimiento de frontera y el resto (304) dentro del territorio nacional. Cabe resaltar que a la población de procedencia 207 Los CETI son establecimientos de la Administración pública concebidos como dispositivos de primera acogida provisional y destinados a dar servicios y prestaciones sociales básicas a personas migrantes y solicitantes de asilo que llegan a Ceuta o Melilla, mientras se realizan los trámites de identificación y chequeo médico previos a cualquier decisión sobre el recurso más adecuado en función de su situación administrativa. 82

11 LAS PERSONAS REFUGIADAS EN ESPAÑA Y EUROPA subsahariana le sigue resultando imposible cruzar la frontera hispano-marroquí porque las autoridades del país vecino lo impiden. Por tanto, no pueden acceder a las oficinas de asilo habilitadas en la frontera y solo pueden solicitar la protección internacional aquellas que han logrado cruzarla de forma irregular, escondidas en el interior de vehículos o saltando la valla fronteriza. Además, se continuó limitando de manera arbitraria el derecho a la libertad de circulación a las personas solicitantes de protección internacional de nacionalidad argelina y marroquí, a quienes se impidió el traslado a la Península hasta que su expediente fuera resuelto, lo que suele tardar entre uno y dos años. En Ceuta, se siguieron registrando devoluciones en caliente de personas migrantes que habían escalado las vallas y fueron conducidas al territorio marroquí sin ningún tipo de procedimiento, ni garantías jurídicas. Según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno, a lo largo del año pasado ingresaron en el CETI de esta ciudad autónoma un total de personas, de las que eran de origen subsahariano, 513 argelinas y 126 de otras nacionalidades 208. A 28 de diciembre, este CETI seguía presentando una situación de sobreocupación, con unas 700 personas para una capacidad de 512 plazas residentes en este centro (más del 95% hombres) pidieron protección internacional en En cambio, no hubo ni una sola solicitud tramitada en la oficina de asilo del puesto fronterizo de El Tarajal. Alrededor del 87% de las personas solicitantes residentes en el CETI fueron de origen argelino y el 11%, de origen marroquí. En el transcurso del año tan solo hubo dos solicitantes de asilo de origen subsahariano, uno de los cuales la retiró para poder trasladarse con mayor celeridad a la Península. Hasta noviembre de 2017, y en contra de la jurisprudencia en la materia, solo se trasladaba a la Península a personas de origen subsahariano y que no fueran solicitantes de protección internacional. Después de la protesta del colectivo asiático, comenzaron a ser trasladados en grupos de tres a cinco personas 210. En cuanto a los solicitantes de protección internacional, solo se autorizó el traslado de algunas personas argelinas por motivo de extrema vulnerabilidad. La imposibilidad de desplazarse a territorio peninsular de las personas solicitantes de protección internacional en Ceuta y Melilla fue, un año más, el motivo principal por el que el Servicio Jurídico de CEAR inició procedimientos contencioso-administrativos y tramitó quejas ante el Defensor del Pueblo. En 2017, 208 Fuente: Fuente: inmigrantes-residentes/ 210 Fuente: 83

12 INFORME 2018 DE CEAR interpuso quince recursos de alzada en vía administrativa contra la inscripción Válido solo en Ceuta que se adjunta al documento de solicitante de protección internacional e inició un procedimiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la denegación por parte de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la autorización de traslado a territorio peninsular a un solicitante de asilo en Ceuta. Igualmente, emprendió siete procedimientos de protección de derechos fundamentales ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta por la misma razón. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimó el recurso de CEAR y volvió a anular las resoluciones de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y de la Dirección General de Policía. Consideró improcedente la denegación de trasladarse a la Península tras haber sido admitida a trámite su solicitud de asilo y en su resolución aclaró que el afectado se encuentra en situación regular, por lo que no cabe ninguna restricción de movimiento por todo el territorio nacional. Además, CEAR presentó cinco quejas ante el Defensor del Pueblo. A pesar de las recomendaciones de esta institución y de las reiteradas resoluciones judiciales, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras mantiene su criterio y sigue considerando que las personas solicitantes de asilo que se encuentran en las ciudades autónomas no tienen derecho a viajar a la Península aunque sus solicitudes hayan sido admitidas a trámite. En otros casos relativos a solicitantes de protección internacional pertenecientes al colectivo LGTBI y residentes en los CETI, el Defensor del Pueblo formuló una recomendación para que se priorizara su traslado a la Península a fin de garantizar sus necesidades particulares de acogida, derivadas de su situación de especial vulnerabilidad. El 31 de mayo de 2017 la entonces Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y su adjunto primero, Francisco Fernández Marugán, visitaron el CETI de Melilla. En el momento de la visita expresa el Informe 2017 del Defensor del Pueblohabía ocho familias pendientes del resultado de las pruebas de ADN para determinar la realidad de los vínculos familiares y proceder al traslado a la Península. En algunos de estos casos, se ha comprobado que la prueba de ADN se demoraba más de las dos semanas, que es el plazo medio habitual, según informó la Comisaría General de Extranjería y Fronteras en marzo de Del análisis de los datos se desprende que, además del plazo para la resolución de las pruebas, se producen demoras en la recogida de las muestras, un factor que influye decisivamente en el período total y que resulta particularmente perjudicial en aquellos casos en que los menores han sido separados de sus familias. 84

13 LAS PERSONAS REFUGIADAS EN ESPAÑA Y EUROPA En cuanto a Ceuta, señala el Informe 2017 del Defensor del Pueblo, en diciembre de 2016 se inició una actuación de oficio para conocer la situación del CETI tras las últimas llegadas de inmigrantes y en particular de las 424 personas que consiguieron entrar el 9 de diciembre. La Secretaría General de Inmigración y Emigración comunicó que se había activado el Plan de Emergencias como se hace siempre que hay entradas masivas, lo que supone el traslado de residentes a la Península dando prioridad a las personas que estén en situación de vulnerabilidad y a los solicitantes de asilo. Desde el 1 de enero de 2017 hasta el 19 de junio de 2017 se habían realizado traslados a la Península. Asimismo, un año más, el Defensor del Pueblo reiteró que los CETI no son un recurso adecuado para alojar y atender a los solicitantes de asilo 211. N.D. Y N.T. CONTRA ESPAÑA: LA SENTENCIA DEL TEDH En 2017 CEAR también intervino ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el asunto N.D. y N.T. contra España, relacionado con las prácticas de las autoridades españolas en las fronteras de Ceuta y Melilla. CEAR se presentó, junto con otras organizaciones, como tercera parte en el procedimiento y planteó sus observaciones al Tribunal. El 3 de octubre de 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por primera vez, declaró ilegal la devolución en caliente de dos personas subsaharianas que habían sido expulsadas de Melilla en agosto de Su sentencia señaló que tanto el entrevallado como la zona inmediata tras la valla, independientemente de haber superado o no la línea formada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, están bajo jurisdicción española. Por tanto, el Tribunal considera que los dos demandantes se encontraban bajo el control continuo y exclusivo de las autoridades españolas y que fueron devueltos a Marruecos contra su voluntad, lo que constituye claramente una expulsión contraria al artículo 4 del Protocolo 4 al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Además, en ausencia de cualquier decisión individual que hubiese tenido en consideración las particularidades de la situación de cada una de las personas expulsadas, el Tribunal califica la expulsión de colectiva, una práctica prohibida por el Protocolo 4. La sentencia del TEDH asumió la argumentación de CEAR y señaló que los dos afectados fueron privados de todo procedimiento administrativo, sin recibir 211 Fuente: Sentencia del TEDH de 3 de octubre de 2017 Asunto N.D. y N.T. c. España int/eng#{ languageisocode :[ SPA ], appno :[ 8675/15, 8697/15 ], documentcollectionid2 :[ CHAM BER ], itemid :[ ]} 85

14 INFORME 2018 DE CEAR asistencia jurídica y lingüística y no tuvieron la posibilidad de solicitar protección internacional, lo que supuso una grave violación de los derechos humanos. Tampoco pudieron presentar un recurso, lo que contraviene el artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Asimismo, reconoció la inexistencia de un régimen excepcional para Ceuta y Melilla y remarcó que la línea fronteriza entre el Reino de Marruecos y las ciudades de Ceuta y Melilla es la delimitada por los tratados internacionales, sin que pueda ser modificada por uno de los Estados afectados debido a una necesidad concreta. En diciembre de 2017, el Gobierno español interpuso un recurso contra esta sentencia ante la Gran Sala del TEDH. CEAR volverá a intervenir en el procedimiento como tercera parte. QUEJA DE CEAR ANTE LA COMISIÓN EUROPEA CONTRA EL PROTOCOLO OPERATIVO DE VIGILANCIA DE LAS FRONTERAS En 2017, CEAR también prosiguió su actuación ante la Comisión Europea contra el Protocolo Operativo de Vigilancia de las Fronteras. En noviembre de 2015, presentó una queja contra la adopción y la aplicación de este Protocolo por parte de la Dirección General de la Guardia Civil porque vulnera la normativa comunitaria en materia de protección internacional, en particular el principio de no devolución, y sobre el retorno de personas migrantes 213. En agosto de 2017, la Comisión Europea respondió a CEAR que se proponía archivar el expediente pues, después de haberse puesto en contacto con las autoridades españolas y haber realizado visitas a Ceuta y Melilla, había apreciado unos avances suficientes, en particular con la creación de pasos fronterizos, para garantizar el respeto del principio de no devolución y permitir la tramitación de solicitudes de protección internacional. En su réplica a la Comisión Europea, CEAR se refirió a la sentencia del TEDH de 3 de octubre de 2017 respecto de la ficción utilizada por las autoridades españolas en el Protocolo de entrada no consumada en el territorio español. Al respecto, el Tribunal declaró que el elemento fundamental no es que una persona se encuentre o no en el territorio español, sino que esté bajo el control efectivo, continuo y exclusivo de las autoridades españolas 214. Igualmente, la sentencia estableció que los dos demandantes de origen subsahariano víctimas de expulsión por parte de las autoridades españolas no habían tenido acceso a las garantías 213 Véase el Informe 2016 de CEAR (pág. 66): Véase el punto 54 de la sentencia ya mencionada del TEDH en el asunto N.D. y N.T. c. España. 86

15 LAS PERSONAS REFUGIADAS EN ESPAÑA Y EUROPA exigidas por la normativa internacional y habían sido privados de cualquier remedio efectivo al no poder haber presentado un recurso. Respecto a la creación de oficinas en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla, la situación no es tan positiva como la describe la Comisión Europea, que apunta a un aumento del número de solicitantes de protección internacional y la diversificación de sus países de origen. Como ya se señaló, en 2017 la oficina del puesto fronterizo de El Tarajal, en Ceuta, siguió sin registrar una sola solicitud de protección internacional y en el puesto fronterizo de Beni Enzar (Melilla) el 90% de las solicitudes procedieron de personas originarias de Siria, mientras que los ciudadanos de origen subsahariano solo podían solicitar protección internacional si lograban ingresar a Melilla por lugares no habilitados 215. Por tanto, CEAR solicitó a la Comisión Europea que siguiera investigando el cumplimiento por parte de las autoridades españolas de la normativa comunitaria sobre protección internacional, retorno y derechos humanos en Ceuta y Melilla, con especial atención a la situación de las personas de origen subsahariano. LA TRAGEDIA DE EL TARAJAL CONTINÚA En 2017, CEAR prosiguió su actuación como parte en la causa abierta a raíz de la tragedia ocurrida en la playa de El Tarajal en febrero de 2014, en la que quince personas migrantes fallecieron ahogadas. El 26 de enero de 2018 el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Ceuta firmó el auto que la archivaba y lo notificó a las partes tres días después 216. En marzo de 2017 la Audiencia Provincial había ordenado la reapertura de la causa y la continuación de las diligencias, pero en su auto de 26 de enero de 2018 este juzgado consideró que de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración de los diferentes delitos que han dado motivo a la formación de la causa, por lo que declaró el sobreseimiento libre de las actuaciones y el archivo de la causa. Cabe señalar que desde su reapertura solo se procedió a la declaración de un testigo presencial y que se descartó escuchar a otros dos, porque se hallaban en situación irregular en Alemania y rehusó que prestaran declaración por videoconferencia. No se volvió a insistir tampoco en la comisión rogatoria solicitada a Marruecos para conocer las autopsias de 215 Según los datos del ACNUR, entre octubre de 2014 y el 31 de julio de 2017 más de personas habían formalizado su solicitud de protección internacional en el puesto fronterizo de Beni Enzar, en Melilla. El 90% eran ciudadanos sirios y el resto en su mayoría personas originarias de Marruecos, Yemen, Túnez y Palestina. 216 Véase el Informe 2015 de CEAR (pág. 63): 87

16 INFORME 2018 DE CEAR los diez cuerpos recuperados en su territorio por considerarse que no iba a ser cumplimentada nunca. El 1 de febrero de 2018, CEAR interpuso un recurso de apelación contra el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Ceuta ante la Audiencia Provincial de Cádiz. En esa misma fecha Hervé, uno de los supervivientes de aquella tragedia, rompió su silencio. Este joven camerunés tenía 22 años cuando el 6 de febrero de 2014 trató de llegar a territorio de la UE a través de la playa de El Tarajal. Si bien lo había intentado muchas otras veces, no ha podido olvidar lo sucedido aquella mañana. Aunque no sabía nadar, fue uno de los primeros entre un grupo de alrededor de doscientas personas en tirarse al agua para superar el espigón que separa el territorio marroquí del español. Cuando nos lanzamos, el policía que estaba abajo empezó a lanzar gas lacrimógeno, que comenzó a hacer espuma y ahogó a muchos de mis acompañantes. Después llegarían los disparos de pelotas de goma a metro y medio y los golpes con palos desde la zódiac de la Guardia Civil. Tras intentar alcanzar la valla cerca de cincuenta veces, en abril de 2015 logró llegar a Tarifa en una embarcación pequeña. Conocía a todos los que murieron, eran mis amigos, porque compartimos mucho tiempo juntos, casi tres años en Marruecos, un tiempo en el que intentamos a veces por el agua, a veces por la valla entrar en territorio español. Nos echaban, volvíamos, nos cansábamos y cuando teníamos un poco de fuerzas volvíamos a intentarlo. Me acuerdo bien de ellos. Si hago este testimonio es por ellos, no por mí. Lo que pido es que se haga justicia. Pero qué más puedo hacer? Ya están muertos. Sé que cada uno quería venir a España para tener una vida mejor, para estar en un país donde se respeten las leyes y estar protegidos. Por ahora, me siento un poco mejor al testificar, porque es como si fuese un homenaje a ellos, y pienso que con la justicia tal vez se pueda reparar a los padres. Porque sus padres esperan algo, no sé, puede que una carta de misericordia, una carta de excusa de España, por lo que hicieron a sus hijos. Porque nunca tendrán los cuerpos, eso está claro. Unas palabras pueden consolarles. Es lo que creo y lo que quiero es que se haga justicia. Hervé cuenta con el apoyo de CEAR, que le asistió en la presentación de su solicitud de protección internacional. Su caso está pendiente de resolución. 88

17 LAS PERSONAS REFUGIADAS EN ESPAÑA Y EUROPA RESCATE POR PARTE DE SALVAMENTO MARÍTIMO DE UNA PATERA CON 61 PERSONAS, QUE FUERON TRASLADADAS AL PUERTO DE MÁLAGA EL 15 DE JUNIO DE SALVAMENTO MARÍTIMO LA FRONTERA DE MADRID-BARAJAS también fue un año récord en el aeropuerto de Madrid-Barajas, con solicitudes de protección internacional 217. En este puesto fronterizo el Servicio Jurídico de CEAR-Madrid atendió a personas en un total de solicitudes, un aumento significativo en comparación con las 454 asistidas en Las principales nacionalidades fueron Palestina (526), Camerún (461), Gambia (165), República del Congo (141), República Democrática del Congo (128) y Sáhara Occidental (116). Tan solo el 9,27% de las solicitudes atendidas por CEAR fueron finalmente denegadas. Sin embargo, este dato oculta una grave disfunción que quedó en evidencia el año pasado: la falta de capacidad de la OAR para instruir este volumen de solicitudes en los plazos legalmente establecidos. Un total de 250 solicitudes (el 14,2% del total) fueron admitidas a trámite por silencio administrativo, según 217 Asylum Information Database: Country Report-Spain. Marzo de org/reports/country/spain 89

18 INFORME 2018 DE CEAR establece el artículo 21.5 de la Ley de Asilo 218. Es decir, se admitió a trámite la solicitud y se autorizó la entrada en territorio español porque la OAR no notificó su resolución en el plazo estipulado. Después de unos meses de confusión, el Informe 2017 de CEAR cerró este mismo epígrafe explicando que, por fin, la OAR había asumido el cómputo de los plazos en horas, tal y como exigieron la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Sin embargo, hay que volver a indicar una diferencia de interpretación entre la OAR y la Policía Nacional del puesto fronterizo, puesto que, mientras la primera considera como el inicio del mismo la entrevista de solicitud de protección internacional, en julio de 2017 la Policía Nacional empezó a situarlo en el momento en que la persona manifiesta su intención de pedirla 219. Por esta razón, la Policía Nacional autorizó la entrada en territorio español de 189 personas que habían manifestado su intención de pedir protección internacional hacía 96 horas, aunque la entrevista para su solicitud se hubiera producido después, o incluso, en algunos casos, ni siquiera se hubiera celebrado. Estas circunstancias dificultaron el acceso al procedimiento de las personas que habían entrado en territorio español sin haber realizado la entrevista de formalización, ya que, sin el asesoramiento adecuado, es fácil perderse en los trámites burocráticos. En una ocasión, estas dificultades de acceso al procedimiento se produjeron en el mismo aeropuerto de Madrid-Barajas. Aunque fue un caso excepcional, que no refleja la práctica habitual de la Policía Nacional del puesto fronterizo, por su gravedad conviene exponerlo. Se trata de dos personas de origen saharaui que vieron denegada su entrada en territorio español. A pesar de manifestar verbalmente en el procedimiento de rechazo en frontera su intención de pedir protección internacional, la Policía no tramitó su solicitud al considerar que habían proferido insultos homófobos contra un intérprete. CEAR no tenía asignada la asistencia jurídica, pero, en coordinación con el letrado del turno de oficio que les asistía, puso estos hechos en conocimiento 218 El artículo 21.5 de la Ley de Asilo establece: El transcurso del plazo fijado para acordar la inadmisión a trámite, o la denegación de la solicitud en frontera, la petición de reexamen, o del previsto para resolver el recurso de reposición sin que se haya notificado la resolución de forma expresa, determinará su tramitación por el procedimiento ordinario, así como la autorización de entrada y permanencia provisional de la persona solicitante, sin perjuicio de lo que pueda acordarse en la resolución definitiva del expediente. 219 Desde que una persona manifiesta verbalmente su deseo de solicitar protección internacional al llegar al aeropuerto hasta que efectivamente se celebra la entrevista de solicitud pueden pasar horas e incluso días debido a diversos factores: su estado psicofísico tras viajes transoceánicos, la disponibilidad de los intérpretes y/o de los entrevistadores, el número de solicitantes que haya llegado antes y todavía no haya realizado la entrevista 90

19 LAS PERSONAS REFUGIADAS EN ESPAÑA Y EUROPA del ACNUR y de la OAR para que instaran a la Policía del puesto fronterizo a dar curso a dichas solicitudes y, tras el estudio de sus alegaciones y de todas las circunstancias del caso, se valorase su admisión a trámite. Sin embargo, a pesar de los llamamientos y la mediación de ambos organismos, no se tramitaron y los dos ciudadanos saharauis fueron devueltos a Argelia, en una clara vulneración del principio de no devolución y del artículo 19 de la Ley de Asilo, que establece: Solicitada la protección, la persona extranjera no podrá ser objeto de retorno, devolución o expulsión hasta que se resuelva sobre su solicitud o esta no sea admitida. No obstante, por motivos de salud o seguridad públicas, la autoridad competente podrá adoptar medidas cautelares en aplicación de la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración. Respecto a este caso, en diciembre el Defensor del Pueblo recordó a la Comisaría General de Fronteras el deber legal de facilitar el acceso al procedimiento a toda persona no comunitaria y apátrida que desee solicitar asilo, ya que el comportamiento de estas personas no justifica que la Administración española no haya permitido que formalizaran sus solicitudes 220. Otro grupo de saharauis que sí pudo formalizar la petición de protección internacional inició en el verano de 2017 una huelga de hambre ante la denegación de sus solicitudes y la inminente devolución a Argelia. Alegaron que no se les había permitido ejercer su derecho a ser asistidos por un abogado de su elección o que les habían asignado un intérprete marroquí que no hablaba hassanía. A pesar de estas limitaciones en garantías procedimentales básicas consagradas en la legislación, un gran número de estas solicitudes fue denegado y las personas saharauis fueron devueltas a Argelia. Ante una pregunta parlamentaria en el Senado, el Gobierno contestó que se había realizado un estudio individual de cada solicitud con todas las garantías legales 221. El aumento del número de solicitantes de protección internacional supuso, en varios momentos del año, la sobreocupación de las dependencias de la Terminal 1 del aeropuerto de Madrid-Barajas destinadas al efecto, con una capacidad para ochenta personas. El Servicio Jurídico de CEAR comunicó esta situación al Defensor del Pueblo, que el 2 de agosto de 2017 las visitó por sorpresa y señaló posteriormente: El Defensor ha podido constatar que en la ac- 220 Defensor del Pueblo: Recordatorio de Deber Legal, Queja nº , 14 de diciembre de Respuesta del Gobierno a pregunta escrita en el Senado, nº expediente 684/ de noviembre de

20 INFORME 2018 DE CEAR tualidad la capacidad de estas dependencias y el personal con el que cuenta no es el adecuado para el número de personas que albergan. También considera que la estructura de estas instalaciones no es la aconsejada para una permanencia de varios días. El equipo del Defensor pudo comprobar que la comida tampoco es adecuada a la vista del tiempo que se prolonga la privación de libertad en estas instalaciones. A la Institución también le preocupa que las condiciones de la sala son especialmente gravosas para menores, mujeres embarazadas y personas enfermas. Además, considera que el protocolo que se sigue para la identificación y traslado de los menores extranjeros no acompañados ha de ser revisado y se debe mejorar la coordinación con la Fiscalía 222. Esta última apreciación también fue propiciada por la actuación del Servicio Jurídico de CEAR. Desde mayo de 2017 se produjo un cambio de actuación de la Policía Nacional en esta materia. Hasta entonces, cuando una persona solicitante de protección internacional indocumentada manifestaba ser menor de edad, la Policía, en cumplimiento del artículo 35 de la Ley de Extranjería, lo trasladaba al Servicio de Protección de Menores y lo ponía a disposición de la Fiscalía para que realizara, en su caso, el procedimiento de determinación de edad. Sin embargo, a partir de entonces en aquellos casos en que le constaba que la persona indocumentada había embarcado con un pasaporte de mayor de edad se limitó a comunicar a la Fiscalía la presencia de una persona que expresaba ser menor, pero restaba credibilidad a esas alegaciones y no la trasladaba al Sistema de Protección de Menores. Por su parte, la Fiscalía o no se pronunciaba u optaba por una llamada telefónica considerando mayor de edad a la persona indocumentada. Ante este pronunciamiento de la Fiscalía, se procedía a realizar la entrevista de protección internacional como mayor de edad, aunque en la misma la persona ratificara sus alegaciones de minoría de edad y explicara por qué motivo había recurrido a un pasaporte falso como único modo de huir de la persecución. Con esta forma de proceder, se estaba privando a un posible menor de las garantías procedimentales y de acogida específicas que la legislación española y europea reservan para los menores no acompañados: tener un representante que vele por sus derechos, no aplicar procedimientos acelerados de frontera, ser entrevistado por personal especializado, no ser retenido en instalaciones junto a adultos y ser acogido en un centro de menores El Defensor del Pueblo inspecciona el CIE de Aluche y la sala de asilo del Aeropuerto de Barajas. 3 de agosto de Artículo 24 de la Directiva de Acogida y artículo 25 de la Directiva de Procedimientos. 92

21 LAS PERSONAS REFUGIADAS EN ESPAÑA Y EUROPA A lo largo de 2017, CEAR-Madrid contabilizó trece casos de estas características. Aunque todas las solicitudes de protección internacional fueron admitidas a trámite, su Servicio Jurídico interpuso en cada uno de ellos una queja ante el Defensor del Pueblo, que realizó una recomendación para que se aplicase la presunción de minoría de edad en estos términos: La experiencia muestra que para poder acceder a territorio nacional vía aérea los menores extranjeros no acompañados utilizan pasaportes de personas adultas o hacen desaparecer sus documentos a la llegada para evitar la denegación de entrada. Los siete casos anteriormente expuestos son una prueba de las significativas carencias detectadas. La no presunción de minoría de edad permitió que sus solicitudes de protección internacional se tramitaran como adultos, lo que impidió su protección e ingreso en un centro especializado y, una vez admitida su solicitud, facilitó su entrada en territorio nacional sin que en la actualidad se conozca el paradero de varios de ellos 224. Otra realidad relacionada con menores en el aeropuerto de Madrid-Barajas son los niños y niñas acompañados por un adulto que no acredita documentalmente el parentesco o la tutela. Uno de estos casos fue el de una niña que viajaba con quien decía ser su tío para escapar de una posible mutilación genital. Al carecer de documentos que probasen la relación de parentesco o la autorización parental y por el comportamiento de la niña, la Policía Nacional intuyó que se encontraba en una situación de desprotección, activó el Protocolo Marco de Menores no Acompañados y fue acogida en un centro de menores. Posteriormente, el adulto que la acompañaba envió la documentación acreditativa del parentesco y la autorización parental, que se hizo llegar a la Fiscalía para su evaluación, decidiendo someter a la niña y al adulto a pruebas de ADN. Una semana después, incluso llegó al aeropuerto de Madrid-Barajas quien decía ser el padre, que, tras solicitar protección internacional y ser admitido a trámite, se sometió también a pruebas de ADN. Los resultados indicaron que no existía relación de parentesco entre los adultos y la niña. Este caso muestra las dificultades de intervención cuando un niño o una niña viene acompañada por un adulto que dice ser su familiar, al entrar en juego dos principios jurídicos básicos: el de unidad familiar y el interés superior del menor. Si bien por el derecho a la vida familiar no puede separarse a un niño o una niña de sus parientes, el interés superior del menor obliga a tomar 224 Defensor del Pueblo: Recomendación, Queja nº de julio de

22 INFORME 2018 DE CEAR todas las cautelas en el caso de que haya sospechas de tráfico o trata de personas u otro riesgo. Así, el Protocolo Marco de Menores no Acompañados establece, en estos casos, la realización voluntaria de pruebas de ADN para acreditar el vínculo de parentesco 225. Sin embargo, mientras que en la Frontera Sur, Ceuta y Melilla es más habitual la práctica de estas pruebas, en la de Madrid-Barajas raramente se realizan. De hecho, a lo largo de 2017 solo cuatro menores acompañados por quienes decían ser sus familiares fueron puestos a disposición del Sistema de Protección de Menores por dudas sobre el parentesco. En cuanto a las víctimas de trata de seres humanos, a lo largo de 2017 la OAR mantuvo la buena práctica de comunicar los indicios detectados a la Unidad Central de Redes e Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional, responsable de su identificación formal como tales, en cumplimiento del Protocolo Marco de Protección a estas personas. Sin embargo, de los sesenta y ocho casos asistidos por CEAR que la OAR comunicó a la Brigada Central de la UCRIF, solo en seis se realizó la entrevista de identificación formal por parte de la Policía y en ninguno de ellos se concedió el Periodo de Restablecimiento y Reflexión, al considerar la Policía que no había indicios suficientes de que fueran víctimas de trata de seres humanos. A pesar de esta falta de identificación formal por parte de la Policía, la Unidad de Trabajo Social de la OAR sí ofreció todos los medios posibles, aunque escasos, para que estas posibles víctimas de trata de seres humanos fueran acogidas en dispositivos especializados. Así, cuando la OAR detectó estos indicios, admitió a trámite la solicitud y comunicó esta circunstancia a la Unidad de Trabajo Social, que, en coordinación con Cruz Roja (entidad encargada de la primera acogida en la Comunidad de Madrid), contactó con las organizaciones especializadas en atención a las víctimas de trata. Si tenían plazas de acogida en ese momento, estas acudían a entrevistarse con la posible víctima en las dependencias aeroportuarias y le ofrecían su dispositivo de acogida especializada. Sin embargo, la falta de suficientes plazas especializadas originó que muchas de estas mujeres fueran derivadas al sistema de acogida general. La admisión a trámite en frontera de víctimas de trata es uno de los ejemplos en que la OAR empieza a cumplir las indicaciones jurisprudenciales. Sin embargo, sigue denegando la protección internacional con una interpretación que excede el margen, muy estrecho, señalado por el Tribunal Supremo, que 225 Capítulo IV del Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación a los Menores Extranjeros No Acompañados. 94

23 LAS PERSONAS REFUGIADAS EN ESPAÑA Y EUROPA UN GRUPO DE MIGRANTES EN JUNIO DE 2017 SE ENCARAMAN A LA VALLA EN LA PLAYA DE BENZÚ DE CEUTA. UN TOTAL DE 80 PERSONAS FUERON DEVUELTAS A MARRUECOS. CEAR / ANTONIO SEMPERE. establece que no se puede rechazar una solicitud de asilo cuya inverosimilitud, incoherencia o carencia de fundamento no se revele obvia o patente ya en un primer examen. Este fue el caso de Mariama. Esta joven gambiana llegó a Madrid-Barajas huyendo de una persecución por motivos de su orientación sexual que le llevó a ser detenida durante cuatro días, ya que en su país la homosexualidad está penalizada. Previamente, había sufrido un matrimonio forzoso y violencia de género durante tres años, por lo que su situación psicológica estaba mermada para relatar los hechos sufridos. La OAR denegó su solicitud de asilo por el artículo 21.2 b), ya que las fechas de su relato diferían y no se entendía la cronología de los hechos que expuso. En cambio, el ACNUR apoyó el caso con apreciaciones como esta: La solicitante señala haber sido víctima de graves violaciones de sus derechos humanos por cuestiones relacionadas con el género, primero al haber sido objeto de un matrimonio concertado durante el cual sufrió una grave situación de malos tratos y violencia sexual- y luego a consecuencia de su orientación sexual, siendo dicho relato de gran detalle [ ] En este sentido, en opinión del ACNUR, no cabe considerar que las alegaciones de la solicitante sean manifiestamente inverosímiles en el sentido recogido en el art b) de la Ley 12/

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