SENTENCIA N SEP-CC CASO N EP CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR I. ANTECEDENTES


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1 delecuador Quito, D. M., 26 de octubre de 2016 SENTENCIA N SEP-CC CASO N EP CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR I. ANTECEDENTES Resumen de admisibilidad La presente acción extraordinaria de protección ha sido propuesta por el señor Orlando Vinicio Saraguro Balcázar, por sus propios derechos, quien comparece fundamentado en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República y artículo 58 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control, acción mediante la cual impugna el auto expedido el 4 de agosto de 2015 por los jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, dentro del proceso N G, que por recurso de apelación, se tramitó en dicha Sala. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control, el proceso judicial N G, junto al proceso de la instancia inferior, fue remitido a la Corte, mediante oficio N. 517-SC-CPJO-2015 del 10 de septiembre de 2015, suscrito por el doctor Luis Valarezo Honores, secretario relator de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de El Oro. En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del cuarto artículo innumerado agregado a continuación del artículo 8 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte, el secretario general, certificó que no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y acción, como se advierte de la certificación de fecha 14 de septiembre de 2015, que obra a fojas 3 del proceso. La Sala de Admisión integrada por los jueces constitucionales Tatiana Ordeñana Sierra, María del Carmen Maldonado Sánchez y Manuel Viteri Olvera, mediante auto del 6 de octubre de 2015 a las 14:04, admitió a trámite la presente acción. ^En virtud del sorteo de causas, realizado en sesión ordinaria del 18 de noviembre por el Pleno de la Corte, correspondió al juez<2pi constitucional Manuel Viteri Olvera, actuar como sustanciador del presente caso, Av. 12 de Octubre NI6-114 y pasaje Nicolás Jiménez (frente al parque ElArbolito)

2 Caso N EP Página 2 de 13 quien mediante providencia del 29 de diciembre de 2015 a las 14:30, avocó conocimiento de la causa y dispuso notificar a los accionados, jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, a fin de que presenten un informe de descargo debidamente motivado respecto de los fundamentos de la acción propuesta, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte ; así como se notifique a los terceros interesados que hayan intervenido en el referido proceso judicial del cual deriva esta acción constitucional. Decisión judicial impugnada El señor Orlando Vinicio Saraguro Balcázar, por sus propios derechos, presentó una acción extraordinaria de protección, en contra del auto expedido el 4 de agosto de 2015, por los jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, dentro del proceso N G. La decisión impugnada señala en lo principal: CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE EL ORO.- SALA DE LO CIVIL.- Máchala, martes 4 de agosto de 2015, las 09h24. VISTOS: (...) Además es pertinente recalcar a las partes procesales que concedida o negada una (sic) cualquiera de la de las cuatro peticiones, a saber: revocatoria, reforma, ampliación o aclaración, ya no puede pedirse ninguna de ellas con posterioridad (SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Gaceta Judicial. Año XCIV. Serie XVI. No. 1. Pág. 180 Quito 18 de octubre de 1993). Por lo jurídicamente expuesto, la sentencia emitida por el tribunal está debidamente motivada conforme lo dispone el Art. 76 numeral 7, literal 1de la Constitución de la República, y resuelve todos los puntos controvertidos, por lo cual el fallo ha sido totalmente claro y competo, consecuentemente se niega la petición de aclaración solicitada por Orlando Vinicio Saraguro Benalcázar... Detalle de la acción propuesta El legitimado activo, en lo principal, manifiesta que: La decisión judicial que ataca en la presente acción constitucional ha vulnerado los derechos a la defensa y a la tutela efectiva, así como el derecho a un habitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna con independencia de su situación social y económica. La Corte ha manifestado que la indefensión se produce cuando se priva al ciudadano de la posibilidad de impetrar la protección judicial de sus

3 del ecuador CasoN EP Página 3 de 13 derechos, o de realizar dentro del proceso las adecuadas pruebas, o cuando se le crea un obstáculo que le dificulte la actividad probatoria, o cuando se le niega sin causa legal la facultad de que su asunto sea conocido por las autoridades superiores. La demanda incoada en su contra fue propuesta con fundamento en el artículo 31 de la Ley de Inquilinato, es decir, desahucio por traspaso de dominio; sin embargo, no se ha invocado el artículo 30 literal a del citado cuerpo normativo, a fin de exigir al supuesto inquilino que consigne el valor de las pensiones de arrendamiento que se hallare adeudando a la fecha de expedición de la sentencia. Pretensión concreta El accionante solicita que "se fije la caución y el monto con la finalidad de poder cancelar lo que determinen ustedes señores jueces de la Corte Provincial de Justicia de El Oro". Contestación a la Demanda Jueces de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de El Oro Los doctores Fernando León Quinde, Mercy Elizabeth Pazos Campaín y Jenny Elizabeth Córdova Paladines, jueces de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, mediante escrito que obra de fojas 29 a 32, expusieron lo siguiente: Que han resuelto la causa judicial con sujeción a la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley, y de acuerdo a las pruebas aportadas en el proceso, conforme lo dispone el artículo 9 del Código Orgánico de la Función Judicial. Que el trámite de desahucio, de acuerdo a la jurisprudencia expedida en fallos de triple reiteración de la ex Corte Suprema de Justicia, constituye una notificación, es decir, una simple diligencia judicial que, por su naturaleza, no puede asimilarse a un juicio, tomando en cuenta además que no procede el recurso de casación en los asuntos de jurisdicción voluntaria; que dicho criterio se halla contenido en el artículo 42 de la Ley de Inquilinato, que señala los casos en que procede el recurso de apelación, siendo estos: a) de la sentencia, b) del auto que niega el trámite verbal sumario, y c) cuando, demandado el inquilino, por la causal de terminación del contrato de arrendamiento prevista en el artículo 30 literal a, consigne el valor de las pensiones de arrendamiento que se hallare adeudando hasta la fecha de expedición de la sentencia. Por tanto, el tribunal estimó que no era procedente atender la apelación del recurrente. ^A Av. 12 de Octubre N y pasaje Nicolás Jiménez (frente al parque ElArbolito)

4 CasoN EP Página 4 de 13 Que si bien el artículo 76 numeral 7 literal m de la Constitución consagra el derecho a recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se discutan los derechos, este derecho no tiene el carácter de absoluto, de conformidad con la sentencia N SCN-CC, expedida por la Corte en el caso N CN, la cual señala que corresponde al legislador establecer los recursos y medios de defensa que pueden intentar los administrados contra los actos que profieran las autoridades; que es la ley -no la Constitución- la que señala si determinado recurso tiene o no cabida respecto de determinada decisión, y es la ley, por tanto, la encargada de diseñar en todos sus pormenores las reglas dentro de las cuales tal recurso puede ser interpuesto, ante quién, en qué oportunidad, cuándo no es procedente, y cuáles son los requisitos positivos y negativos que deben cumplirse para su ejercicio. Que no se ha vulnerado los derechos invocados por el legitimado activo, relacionados con el debido proceso, y tampoco se ha afectado el derecho a un habitat seguro y saludable y a la vivienda digna, pues su petición ha sido atendida de acuerdo a los parámetros constitucionales y legales. Krupskaya Miroslava Escobar Saraguro, tercera interesada Mediante escrito que obra de fojas 42 a 43 vta., comparece la señora Krupskaya Miroslava Escobar Saraguro, tercera con interés en la causa, quien expone que "no cabe contra la notificación de desahucio por transferencia de dominio, ni siquiera recurso de apelación, conforme el criterio sostenido por la ex Corte Suprema de Justicia, al considerar que el desahucio "no es sino una notificación, de modo que no comporta propiamente un juicio". Que, de aceptarse la demanda de acción extraordinaria de protección, se estaría permitiendo que los trámites de desahucio por transferencia de dominio pasen a conocimiento de la Corte, lo que es improcedente por el diseño de aquella garantía jurisdiccional (acción extraordinaria de protección), y constituiría una sobrecarga de trabajo en la Corte. Tal como lo han señalado los jueces de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, las peticiones de desahucio no constituyen procesos contenciosos en los cuales se discuten derechos de las partes, sino una simple notificación de índole judicial, y en consecuencia, las resoluciones que se tomen en estos procesos no adquieren la calidad de definitivas y firmes, ni pueden tener la calidad de cosa juzgada; por tanto -afirma- tampoco son susceptibles de acción extraordinaria de protección.

5 delecuador Caso N EP Página 5 de 13 Si el ahora legitimado activo desea hacer alguna alegación, debe hacerlo mediante un proceso judicial ordinario, en la vía prevista en la Ley de Inquilinato, y no mediante acción extraordinaria de protección, pues esta garantía jurisdiccional no tiene la calidad de una instancia adicional. No existe vulneración de derecho alguno, y por el contrario, el legitimado activo aduce que en el trámite de desahucio no se ha aplicado el artículo 30 literal a de la Ley de Inquilinato, norma que se refiere a la terminación del contrato de arrendamiento por falta de pago del canon de arrendamiento por dos meses o más, lo cual es totalmente ajeno e impertinente al trámite de desahucio por transferencia de dominio. Además, de no fundamentar adecuadamente la supuesta vulneración de derechos, el accionante expone como pretensión que la Corte Provincial de Justicia de El Oro determine una caución, lo que de ninguna manera puede ser considerada como medida de reparación de una supuesta e inexistente vulneración de derechos constitucionales, de lo cual se advierte absoluto desconocimiento del legitimado activo y de su abogado, respecto de las normas que regulan la acción extraordinaria de protección, y sobre todo que, aún en el caso de haberse aceptado a trámite dicha acción, no se suspende la ejecución del auto o sentencia cuestionados. Solicita que la Corte deseche la acción extraordinaria de protección propuesta. Procuraduría General del Estado El abogado Marcos Arteaga Valenzuela, director nacional de patrocinio, y delegado del procurador general del Estado, comparece mediante escrito que obra a fojas 24 del proceso, se limita a señalar casilla constitucional para recibir notificaciones, sin emitir pronunciamiento alguno sobre los fundamentos de la presente acción extraordinaria de protección. II. CONSIDERACIONES Y Competencia FUNDAMENTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL La Corte es competente para conocer y resolver las acciones. extraordinarias de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones ^) con fuerza de sentencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 94 y 437 Av. 12 de Octubre NI y pasaje Nicolás Jiménez (frente al parque ElArbolito) comunicac on<a>cce.gob.ec

6 Caso N EP Página 6 de 13 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 63 y 191 numeral 2 literal d de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control, artículo 3 numeral 8 literal c y tercer inciso del artículo 46 de la Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte. El proceso ha sido sustanciado conforme las normas constitucionales y legales pertinentes, sin que se advierta omisión que pueda influir en la decisión de la causa, por lo cual se declara su validez. Objeto de la acción extraordinaria de protección El artículo 94 de la Constitución de la república establece lo siguiente: La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos definitivos en los que se hayan violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte. El recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado. En consecuencia, el objeto de esta garantía jurisdiccional es el aseguramiento y efectividad de los derechos constitucionales, evitando un perjuicio irremediable, al incurrir los jueces en violación de normas constitucionales, sea por acción u omisión, en una sentencia, auto o resolución con fuerza de sentencia, firme o ejecutoriada, en el ejercicio de su actividad jurisdiccional. En otras palabras, la acción extraordinaria de protección tiene la finalidad de preservar o restablecer cualquier derecho fundamental de libertad o de protección -referido al debido proceso- de toda persona que es parte de una controversia judicial. Es necesario precisar que la acción extraordinaria de protección, no constituye una instancia adicional a las previstas en la jurisdicción ordinaria; por tanto, no compete a la Corte emitir pronunciamiento alguno respecto de la procedencia o no del trámite de desahucio presentado en contra del ahora accionante Orlando Vinicio Saraguro Balcázar, sino observar si en la sustanciación de la referida causa se han vulnerado las garantías del debido proceso u otros derechos constitucionales, pues este es el objeto de esta garantía constitucional, que conlleva el control de constitucionalidad de las actuaciones de los jueces, que con anterioridad a la vigencia de la actual Constitución se hallaban exentos del mismo; control que deviene del carácter normativo de la Norma Suprema, y del principio de supremacía constitucional, en virtud del cual,

7 del ecuador Caso N." EP Página 7 de 13 toda autoridad se encuentra sujeta al control de constitucionalidad mediante las diversas acciones de garantía jurisdiccional. Planteamiento y resolución de los problemas jurídicos Para resolver el fondo de la presente causa, la Corte estima necesario sistematizar los argumentos expuestos por las partes, a fin de verificar si existe o no la vulneración de derechos constitucionales que se ha alegado en la presente acción, a partir de los siguientes problemas jurídicos: 1. Se garantizó el debido proceso en el trámite de desahucio seguido en contra del señor Orlando Vinicio Saraguro Balcázar? 2. La decisión judicial impugnada vulneró los derechos constitucionales invocados por el legitimado activo? A partir del planteamiento de estos problemas jurídicos, la Corte analiza la causa en los siguientes términos: 1. Se garantizó el debido proceso en el trámite de desahucio seguido en contra del señor Orlando Vinicio Saraguro Balcázar? El legitimado activo imputa a los jueces accionados la vulneración de varias de las garantías relacionadas con el debido proceso, cargo que será examinado por esta Corte y, de ser el caso, declarar la vulneración de derechos, aún en el evento de que no hubieren sido invocados por la parte accionante, en estricta observancia de mandato contenido en el artículo 426 del texto constitucional. Al respecto, la Corte se ha pronunciado en varias ocasiones respecto a la naturaleza del derecho al debido proceso, en los siguientes términos:...en relación al derecho al debido proceso plasmado en el artículo 76 de la Constitución de la República, se muestra como un conjunto de garantías con las cuales se pretende que el desarrollo de las actividades en el ámbito judicial o administrativo se sujeten a reglas mínimas, con el fin de proteger los derechos garantizados por la Carta Suprema, constituyéndose el debido proceso en un límite a la actuación discrecional de los jueces. Por tanto, no es sino aquel proceso que cumple con las garantías básicas establecidas en la Constitución, y que hace efectivo el derecho de las personas a obtener una resolución de fondo, basada en derecho1. M Corte del, sentencia N." SEP-CC, citada en la sentencia N SEP-CC, caso N."0032-ll- EP. Av. 12 de Octubre N y pasaje Nicolás Jiménez (frente al parque El Arbolito) comunicaciontacce.gob.ec

8 Caso N EP Página 8 de 13 Por su parte, el artículo 169 de la Constitución de la República establece lo siguiente: "El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades". De lo señalado en la citada norma constitucional se colige que, en aras de una correcta y adecuada administración de justicia, un mecanismo idóneo para alcanzarla es la instauración de un proceso en donde deben respetarse las garantías, principios y derechos consagrados en la Norma Suprema. El doctor Jorge Zavala Baquerizo, haciendo referencia a la garantía del debido proceso en materia penal -perfectamente aplicable en cualquier materia del ordenamiento jurídico- señala:...el debido proceso es el que se inicia, se desarrolla y concluye respetando y haciendo efectivos los presupuestos, los principios y las normas constitucionales, legales, nacionales e internacionales aprobados previamente, así como los principios generales que informan al Derecho Procesal Penal, con la finalidad de alcanzar una justa administración de justicia, provocando como efecto inmediato la protección integral de la seguridad jurídica del ciudadano, reconocida constitucionalmente como un derecho2. En consecuencia, el debido proceso se convierte en un pilar fundamental para la defensa de los derechos de las personas que intervienen en una contienda judicial, alrededor del cual se articulan una serie de principios y garantías básicas, que permiten una correcta administración de justicia. Así, la Constitución de la República consagra en el artículo 76 las garantías básicas que materializan el derecho al debido proceso. La Corte advierte que el ahora legitimado activo, Orlando Vinicio Saraguro Balcázar, fue notificado con la petición de desahucio propuesto por la señora Krupskaya Miroslava Escobar Saraguro, diligencia ordenada por el juez séptimo de lo civil de El Oro con sede en el cantón Santa Rosa dentro de la causa N. 274-G El desahuciado compareció al proceso a contestar la petición formulada en su contra, invocando a su favor presuntos derechos posesorios sobre el bien inmueble del cual se solicitó su desahucio; empero, no dedujo las excepciones, ni señaló como causas de oposición- las previstas en el segundo inciso del artículo 48 de la Ley de Inquilinato, norma que dispone: 2ZAVALA BAQUERIZO Jorge, "El debido proceso", ED1NO, Guayaquil, 2002, pág. 23.

9 delecuador Caso N EP Página 9 de 13 "...la oposición que deduzca la persona desahuciada solo podrá sustentarse en el hecho de haber transcurrido más de un mes desde el traspaso de dominio o en haber celebrado el contrato de arrendamiento conforme con el artículo 29: en este supuesto, se deberá presentar la copia certificada del contrato de arrendamiento" (Lo resaltado pertenece a la Corte). Ante ello, el juez de la Unidad Judicial de lo Civil con sede en el cantón Santa Rosa, mediante resolución expedida el 13 de mayo de 2015 (proceso judicial N. 274-G-2014), declaró con lugar la petición de desahucio y concedió al desahuciado Orlando Vinicio Saraguro Balcázar el plazo de noventa días para que proceda a la desocupación del inmueble objeto de desahucio. El desahuciado interpuso recurso de apelación, que fue concedido por el juez a quo y posteriormente, la Sala de lo Civil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, en resolución del 15 de julio de 2015, señaló que "la impugnación formulada por el recurrente no puede ser atendido por este organismo jurisdiccional de alzada, habida cuenta de que el recurso formulado por el impugnante ha sido ilegalmente pedido e indebidamente concedido; por tanto, al carecer de competencia para conocer el asunto de fondo"; por lo cual, dispuso que el secretario de la Sala devuelva el proceso al juzgado de origen para los fines consiguientes. De lo anotado se infiere que durante la sustanciación del trámite de desahucio seguido en contra de Orlando Vinicio Saraguro Balcázar se han respetado las garantías del debido proceso, pues aquel ha podido comparecer ante el órgano jurisdiccional a ejercer el derecho a la defensa sin limitación alguna, con las prerrogativas que la Carta Suprema concede en ejercicio de este derecho. 2. La decisión judicial impugnada vulneró los derechos constitucionales invocados por el legitimado activo? La imputación que hace el legitimado activo recae, de manera específica, en la presunta vulneración del derecho a la defensa, consagrado en el artículo 76 numeral 7 literal a de la Constitución de la República. Asimismo, señala el accionante que se ha vulnerado el derecho a recurrir de las decisiones judiciales previsto en el artículo 76 numeral 7 literal m de la Norma Suprema, al afirmar que se le niega la facultad de que su asunto sea conocido por las autoridades superiores. Por tanto, corresponde a la Corte analizar el contenido y alcance de las normas constitucionales invocadas, a fin de establecer si ha existido o no la vulneración de derechos que se alega. n este orden, es importante señalar que la Constitución de la República, en su 4(\ Av. 12 de Octubre NI y pasaje Nicolás Jiménez (frente al parque ElArbolito) comunicacioniacce.gob.ec

10 Caso N EP Página 10 de 13 artículo 76 consagra el derecho al debido proceso, el cual se encuentra integrado por garantías mínimas otorgadas en favor de las partes procesales, las mismas que rigen y guían la actuación de cualquier autoridad pública, cuando se resuelvan derechos y obligaciones de los administrados. En relación al derecho al debido proceso, esta Corte ha señalado que se trata de:...un mínimo de presupuestos y condiciones para tramitar adecuadamente un procedimiento y asegurar condiciones mínimas para la defensa, constituyendo además una concreta disposición desde el ingreso al proceso y durante el transcurso de toda la instancia, para concluir con una decisión adecuadamente motivada que encuentre concreción en la ejecución de lo dispuesto por los jueces3. Una de las garantías antes referida, constituye el derecho a la defensa. Este derecho, ha señalado la Corte, abarca desde la posibilidad de concurrir al proceso, pasando a formar parte del mismo, y de esta manera poder defenderse, presentar alegatos y pruebas4. En otras palabras, se puede señalar en relación a este que: La Constitución de la República en el artículo 76 numeral 7 consagra el derecho a la defensa como una de las principales garantías del debido proceso. En términos generales el derecho a la defensa comporta la garantía constitucional a través de la cual toda persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo pueden hacer valer sus razones y argumentos dentro de un proceso en que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden. El derecho a la defensa comprende además, varios derechos derivados o conexos tales como la restricción de su privación en cualquier etapa o grado del procedimiento; contar el tiempo y medios para la preparación de la defensa; ser escuchado en el momento oportuno; ser asistido por una abogada o abogado de su preferencia; ser juzgado por un juez independiente; impugnar el fallo o resolución y las demás que posibiliten el pleno ejercicio de la defensa5. Conforme ha quedado señalado en líneas precedentes, el legitimado activo no ha quedado en estado de indefensión, pues ejerció todas las garantías relacionadas con el derecho a la defensa, sin restricciones ni limitaciones de ninguna naturaleza; por tanto, carece de veracidad la alegación que hace el legitimado activo, pues no se advierte vulneración del derecho constitucional invocado. En cuanto al derecho de las personas a recurrir las resoluciones en los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos, es necesario precisar que esta Corte ha sostenido que "el derecho a recurrir las decisiones judiciales se encuentra directamente relacionado con el derecho a la defensa dentro de un 3 Corte del, sentencia N SEP-CC, caso N EP. 4 Ver Corte del, sentencia N." SEP-CC, caso N EP. -" Corte del, sentencia N SEP-CC, caso N EP.

11 del ecuador Caso N EP Página 11 de 13 proceso (...) configurándose de esta forma aquel derecho como una garantía básica de todos los regímenes democráticos"6. En este mismo sentido, este Organismo constitucional ha señalado respecto del derecho a recurrir, que:... esta garantía del debido proceso, no debe ser entendida como una garantía absoluta y de efectos generales para todo tipo de procesos e instancias. De allí que debe existir por parte del legislador un adecuado desarrollo y especificación de aquellos actos procesales que merecen, por su naturaleza, características, fines y efectos; ser objeto de la garantía del doble conforme (...) Si bien el derecho a recurrir no es absoluto, es claro para esta Corte que el legislador debe respetar ciertos parámetros mínimos al momento de decidir que una determinada actuación procesal o proceso, solamente podrá tramitarse en una única instancia y no estará sujeta a impugnación; especialmente debe mantenerse dentro de los límites impuestos por el modelo de Estado constitucional de derechos y justicia que estableció la Constitución de 2008, y los tratados internacionales de derechos humanos, vigilando siempre que ningún ciudadano vea afectado su derecho a la defensa en virtud de la celeridad procesal. En este sentido, esta Corte estima necesario aclarar que la facultad de recurrir los fallos y resoluciones es la regla, y la excepción se encuentra dada por procesos que tengan una naturaleza excepcional. Por ello, es el legislador quien determina en qué casos y bajo qué circunstancias se configura el diseño jurídico de los procesos de acuerdo a los derechos subjetivos que pretenden tutelar y en armonía con las garantías del debido proceso que establece nuestra Constitución. En este sentido, se llega a comprender por qué la procedencia o improcedencia de determinados recursos no constituye una garantía absoluta y su ejercicio se encuentra condicionado a los fines que persigue cada tipo de proceso...7 De esta manera el derecho a recurrir, constituye un derecho cuyo ejercicio se encuentra definido por el legislador en la normativa infraconstitucional pertinente, con base en las características y naturaleza propia del procedimiento judicial que se trate. De este modo, cualquier limitación a su ejercicio debe encontrase contemplada en la ley, sin que por ello se pueda considerar vulnerado. En el caso objeto de análisis, la Ley de Inquilinato -en su artículo 48- precisa que, con relación a la resolución que se expida en el trámite de desahucio por transferencia de dominio, la misma causará ejecutoria. Por tanto, en concordancia con lo anotado en la citada sentencia constitucional, la no inclusión -por parte del legislador- de la resolución dictada en el trámite de desahucio por transferencia de dominio, dentro de las decisiones judiciales susceptible de ser impugnadas mediante recurso de apelación, pretende que el ^ proceso se defina dentro del tiempo más corto posible, garantizando así los Corte del, sentencia N." SCN-CC, caso N." CN. ' Corte del, sentencia N SEP-CC, caso N EP. Av. 12 de Octubre NI y pasaje Nicolás Jiménez (frente al parque ElArbolito)

12 Caso N." EP Página 12 de 13 derechos constitucionales de las partes procesales a un juicio rápido dentro de un plazo razonable; esto es, sujeto a los principios de inmediación y celeridad, conforme lo previsto en el artículo 75 de la Constitución de la República. Al llegar el proceso a la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, en virtud del recurso de apelación interpuesto por el desahuciado, Orlando Vinicio Saraguro Balcázar, el Tribunal ad quem, luego del análisis jurídico pertinente, y en atención a lo previsto en la Ley de Inquilinato, estimó que el recurso fue ilegalmente pedido, así como indebidamente concedido. Al respecto, esta Corte considera que la decisión judicial expedida por la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, dentro del proceso N. 274-G-2014 se halla debidamente motivada, en los términos que exige el artículo 76 numeral 7 literal 1de la Norma Suprema, pues invoca las normas y principios que regulan el trámite de desahucio por transferencia de dominio, esto es, que de su resolución no habrá recurso alguno (pues la misma causa ejecutoria); de ello se advierte la pertinencia de su aplicación al caso sometido a su conocimiento. De otro lado, esta Corte advierte que la decisión judicial objeto de la presente acción extraordinaria de protección, garantiza el derecho a la seguridad jurídica, pues respeta los principios y normas constitucionales. Además, los jueces accionados, en ejercicio de su actividad jurisdiccional, han observado y aplicado las normas jurídicas previamente establecidas en la Ley de Inquilinato, con sujeción a lo previsto en el artículo 82 del texto constitucional. Finalmente, el legitimado activo imputa también la vulneración del derecho a un habitat seguro y saludable. Al respecto, se precisa que la decisión judicial objeto de esta acción extraordinaria de protección, de ninguna manera ha afectado el derecho invocado; los operadores jurídicos accionados no han impedido que el legitimado activo habite en un lugar seguro y saludable, ni tienen injerencia alguna en la transferencia de dominio del bien inmueble del cual ha sido desahuciado, lo único que han hecho es expedir una resolución acorde con las normas contenidas en el ordenamiento jurídico, sin que ello pueda ser considerado como actos que vulneren derechos constitucionales, de lo cual deviene en improcedente la presente acción constitucional. III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del, el Pleno de la Corte expide la siguiente:

13 delecuador Caso N EP Página 13 de 13 SENTENCIA 1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales. 2. Negar la acción extraordinaria de protección planteada. 3. Notifíquese, publíquese y cúmplase. Razón: Siento por/tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte, con ocho votos de las señoras juezas y señores jueces: Francisco Butiñá Martínez, Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra, Marien Segura Reascos, Ruth Seni Pinoargote, Roxana Silva Chicaiza, Manuel Viteri Olvera y Pamela Martínez de Salazar, sin contar con la presencia del juez Alfredo Ruiz Guzmán, en sesión del 26 de octubre del Lo certifico. JPCH/msb H/mst 4 Av. 12 de Octubre N y pasaje Nicolás Jiménez (frente al parque ElArbolito)

14 delecuador CASO Nro EP RAZÓN.- Siento por tal, que la señora Pamela Martínez de Salazar. suscribió la presente Sentencia el día miércoles 16 de noviembre del 2016, en calidad de presidenta (s) de la Corte, al momento de expedirse la misma.- Lo certifico. Jaime Pozo CHamorrxy) Secretario Gene/ar JPCH/JDN Av. 12 de Octubre N y pasaje Nicolás Jiménez (frente al parque ElArbolito) emai:

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